23.08.2012. También acompañaron al defensor adjunto porteño los docentes y militantes barriales que integran El Hormiguero, el colectivo que se propone impulsar políticas alternativas a las de Macri.
Por Werner Pertot
Las estaciones de subte suelen ser, para la mayoría, un lugar de paso. Los usuarios bajan por las escaleras mecánicas de Congreso de Tucumán y se suben al tren, casi sin prestar atención a ningún detalle. Ayer, en cambio, algunos miraban con curiosidad al grupo de metrodelegados, docentes y militantes barriales, que conversaban en una punta de la estación. Uno se acercó preocupado y preguntó: “¿Qué pasa? ¿Hay paro de subte?”. No había paro. Era la presentación del libro del defensor adjunto Andrés Gallardo, que se titula ¿Qué seguridad jurídica? El juez (de licencia) eligió contestar esta pregunta entre trabajadores del subte, en una cabecera de la línea D. “No hay seguridad jurídica si una sola persona se muere de hambre”, definió Gallardo, en lo que fue la primera acción coordinada de los gremios del subte, docentes y dirigentes territoriales, que impulsarán una iniciativa popular con proyectos a contrapelo del PRO.
Los participantes integran El Hormiguero, un colectivo de organizaciones que –con la asistencia de la Defensoría General– está elaborando proyectos sobre vivienda, trabajo, transporte, salud y educación para presentarlos en una iniciativa popular y lograr que se traten en la Legislatura. Entre los asistentes, se pudo ver a Lito Borello, de la organización Los Pibes, de La Boca; a Eduardo López, de UTE-Ctera, y a Beto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (Agtsyp). Entre las propuestas que están discutiendo esta semana, está la de un censo de viviendas porteño, la participación popular en la traza del subte, la obligación del Estado porteño en resolver las 7000 vacantes en jardines de infantes y un proyecto para tratar la expropiación de empresas recuperadas como Brukman o el Bauen.
Los distintos grupos confluyeron ayer en la cabecera de la línea D. La comitiva de la organización Los Pibes bajó de uno de los subtes acompañada por dos perros que se tiraron a dormir la siesta junto a una escultura de un indígena. Las remeras de las mujeres tenían el rostro del Oso Cisneros –el militante asesinado en 2004– y decían: “Seamos libres. Lo demás no importa nada”.
Como anfitrión, Pianelli fue el primero en hablar. Recordó que denunciaron a Mauricio Macri ante la OIT por intentar “asfixiar económicamente” al sindicato con una multa de casi cinco millones de pesos. Entre el público, lo escuchaba la jueza Patricia López Vergara, que intervino para resolver el último conflicto del subte. “Algunos nos han acusado de que existimos hace cinco años –dijo Pianelli en alusión a uno de los ataques de Macri–. Uno que puede decirles que existimos hace mucho más es Gallardo.” El gremialista relató cómo el juez intervino en un conflicto con Metrovías para que cumpliera con los turnos de seis horas por trabajo insalubre.
El defensor general Mario Kestelboim indicó que allí “se desenmascara lo que entienden por seguridad jurídica: la conservación de privilegios que mantienen contra los sectores más postergados”. Gallardo, en tanto, señaló que “la historia de la dominación de los países centrales sobre la periferia nos enseña que no sólo actúan con el poder militar, sino a través de los medios de comunicación y de organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio”, dijo Gallardo. Señaló que las teorías que sostienen se basan en tres paradigmas: la teoría de los dos demonios, la de la seguridad jurídica y “la teoría del buen juez: es bueno si está despegado de la historia, es acrítico y mentirosamente objetivo”.
Sobre la idea de la seguridad jurídica, a la que dedica su libro, señaló que plantea: “Ustedes son serios en la medida en que garanticen nuestros negocios. No importa si la firma del contrato es de Jorge Rafael Videla”. “Es seguridad jurídica para ellos e inseguridad para nuestro pueblo”, definió. “Acá, desde el subsuelo de la patria, vamos a darles tres respuestas: vamos a hablar de seguridad jurídica, pero de la nuestra, que empieza en el alimento de cada persona –planteó Gallardo–. El único límite para el buen juez son los intereses del pueblo, y sabemos que hay un solo demonio. Hace 40 años hubo compañeros que murieron sosteniendo la lucha contra el mismo demonio que hoy encarnan las corporaciones financieras”, dijo Gallardo, en alusión a la Masacre de Trelew.