13.08.2012. Trabajarán en distintas áreas en la elaboración de propuestas legislativas con el asesoramiento de la Defensoría General de la Ciudad. Recurrirán a las opciones de democracia semidirecta para obtener el respaldo de los porteños.
Mientras el gobierno de Mauricio Macri sigue acumulando focos de conflicto en la Ciudad de Buenos Aires, el flamante espacio de participación que reúne a más de 40 organizaciones populares enfrentadas a las políticas del PRO, concretó el pasado fin de semana su segunda reunión, en la que se sumaron otros sectores y se avanzó hacia la coordinación de medidas con las que obtener una serie de reivindicaciones consideradas estratégicas.
Durante el encuentro, celebrado el sábado en la sede de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), los participantes definieron un puñado de ejes –todos ellos, de alto impacto para la mayoría de los porteños– sobre los que van a trabajar para impulsar el tratamiento legislativo de sus propios proyectos de ley, valiéndose de las iniciativas populares, una herramienta de intervención ciudadana contemplada en la Constitución de la Ciudad. También escogieron un nombre para este nuevo espacio multisectorial, que fue bautizado como El Hormiguero, en referencia a una fortaleza que se obtiene por la unidad y la organización de luchas que hasta el momento, en mayor o menor medida, venían dándose de forma aislada.
Andrés Gallardo, defensor adjunto de la Ciudad; Eduardo López, secretario general de UTE, y «Lito» Borello, coordinador de la organización Los Pibes, están entre los principales impulsores de esta convocatoria multisectorial nacida el 7 de julio pasado, en la que participan empresas recuperadas como el Hotel Bauen, la textil Brukman y la gráfica Mom; los metrodelegados, docentes de todos los niveles, agrupaciones sindicales como la CTA-Capital, la Federación de Estudiantes Secundarios (FES), juntas barriales de las villas porteñas, artesanos, manteros y trabajadores de los distintos rubros de la economía informal.
En cuanto a las temáticas definidas, fueron cinco: vivienda, educación, empresas recuperadas, transporte y salud, con el compromiso de realizar en las semanas próximas reuniones ejecutivas para darle un enfoque concreto a cada problemática, llegando lo antes posible a la confección del articulado y los fundamentos de las leyes que se van a proponer (ver aparte). Para eso, la Defensoría General de la Ciudad, encabezada por Mario Kestelboim, se encargará de brindar asistencia técnica.
Por otra parte, quienes estuvieron presentes el sábado en la UTE también dejaron en claro que, «en paralelo, se tomarán las acciones que se necesiten sobre temas urgentes y puntuales».
El defensor Gallardo fue el encargado de detallar el procedimiento formal de las iniciativas populares, a las que definió como «una figura de democracia semidirecta». El funcionario explicó que lo primero que se necesita son 4000 firmas, que habilitan la propuesta y obligan al gobierno a «disponer una serie de espacios de comunicación para promocionarla». El segundo paso es conseguir el estado parlamentario, para lo que se debe reunir el apoyo del 1,5% del padrón electoral, es decir, unas 40 mil firmas. Desde ese momento, la Legislatura tiene 12 meses para tratar el proyecto en el recinto. Pero si el plazo se vence y en ese tiempo la iniciativa siguió sumando firmas hasta superar las 400 mil, «ahí el reglamento establece una sanción por la cual el jefe de Gobierno debe convocar a una consulta popular vinculante y obligatoria, para votar por el sí o por el no», remarcó Gallardo, para quien la cantidad de adhesiones exigida es accesible en función de los múltiples sectores que conforman El Hormiguero. En ese sentido, «Lito» Borello consideró que «la solidaridad, más que reclamarla, tenemos que construirla. Quizás la manera sea construyendo el instrumento de lucha que nos permita conquistar la pelea en la que estamos». «
Avances en vivienda y educación
Para las organizaciones sociales y políticas que integran El Hormiguero, la clave de las iniciativas populares está en poder transmitir propuestas concretas y posibles, que atraviesen al grueso de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. En algunos casos, los ejes de trabajo ya están avanzados en su definición. Por ejemplo, en la problemática habitacional, buscan impulsar un proyecto de ley para realizar un censo de vivienda. Esto permitirá obtener algo que hoy no existe: un diagnóstico preciso de la situación con el que implementar políticas públicas eficaces. Otra área que ya está delineada es la de la educación, en la que se abordará el grave déficit de jardines maternales y de infantes que hay en la Ciudad.
Durante las reuniones que van a realizar entre el 21 y el 24 de agosto, las organizaciones terminarán de precisar los proyectos para el resto de los campos en los que presentarán iniciativas populares: empresas recuperadas, salud pública y transporte de pasajeros. En este último caso, uno de los puntos a tener en cuenta es la traza de la Línea H de subterráneos, para que en su ampliación incluya a los barrios carenciados.