El comienzo de clases en la Ciudad de Buenos Aires marcó una contradicción: mientras los estudiantes adultos de más de 60 años estaban exceptuados de concurrir en forma presencial a las escuelas, los y las docentes que superaban esa edad estaban obligadas a presentarse o les descontarían el día. El gremio UTE-Ctera hizo una presentación y la jueza Elena Liberatori inquirió al Ministerio de Educación porteño, que conduce Soledad Acuña, por esta situación. Desde el ministerio se presentaron este jueves con una resolución que exceptúa a los docentes. Fue luego de que la jueza los intimara a resolver esa situación.
La diferencia entre los mayores de 60 años estudiantes y docentes no parecía tener demasiado sentido, dado que ambos son grupos de riesgo. Por lo tanto, UTE-CTERA hizo una presentación judicial y así lo difundió en un comunicado: «Motorizado a partir de una presentación judicial realizada por la Unión de Trabajadores de la Educación, dimos un paso muy importante para cuidar la salud de las y los docentes de la Ciudad.
En el marco de un amparo presentado por la UTE, el Juzgado en 1ra Instancia en lo Contenciosos Administrativo y Tributario, a cargo de la doctora Elena Liberatori, ordenó que se ‘suspenda la obligación de impartir clases de modo presencial’, en el caso de una docente mayor de 60 años».
Esto ocurrió el lunes pasado, en un fallo donde Liberatori indicó que “la obligación de asistir de forma presencial a mayores de 60 años, sin contar aún con la correspondiente vacuna y en el contexto epidemiológico actual, luce prima facie como irrazonable a partir del marco normativo nacional”. El fallo se conoció el primer día de clases y el ministerio de Educación no perdió el tiempo.
El jueves se presentó en el juzgado de Liberatori con una resolución -la 591, publicada el primer día de clases, es decir, luego del fallo de la jueza- en la que eximen a los docentes mayores de 60 años de concurrir de manera presencial.