Año 6. Edición número 292. Domingo 22 de Diciembre de 2013
Por Felipe Deslarmes
Coherencia PRO. El problema originado por la absurda pretensión del macrismo de utilizar un sistema informático para la asignación de vacantes en escuelas primarias desembocó en un plan perverso y discriminador, que deja a miles de niños sin prespectivas de inscripción.
Así como denominaron “Ciudad Verde” al plan que avaló la tala indiscriminada de árboles en cualquier época del año (coronada por la realizada para la instalación del Metrobus o la destrucción de árboles centenarios como el ombú en la Plaza Roma) y sumado al objetivo de llenar de cemento cada pedacito de tierra y pasto que quedaba en las plazoletas porteñas; así como publicita que “en la Ciudad, la salud pública, gratuita y de calidad es prioridad” y desmanteló hospitales o reprimió en un neuropsiquiátrico; así como en la ciudad en la que sus gobernantes veranean en el exterior se lanzó el programa Buenos Aires Playa, que no es otra cosa que un canil con arena sobre escombros y unas sombrillas amarillas donde se puede sentir el permanente golpeteo de la olas cargadas de basura en un agua contaminada; el mismo gobierno que para dejar de ver pobres en la calles creó la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), que utilizó como método la violencia patotera de barras bravas; el Gobierno porteño que lidera un ingeniero capaz de dar una charla sobre “El amor a lo público” en el marco de una visita de un dudoso gurú que habló del arte de respirar (por el que pagó 2 millones de pesos en una sola jornada), el mismo que cerró 10 preorquestas infantiles juveniles, abandonó cursos a secundarios, transfirió presupuesto de las escuelas públicas a las privadas y hasta habilitó la posibilidad de utilizar centros culturales como el Teatro San Martín para fiestas empresariales; en la ciudad que maneja un presupuesto anual mayor que el de una provincia como Córdoba, la misma que triplicó su deuda en seis años, que sólo en este último mes desembolsó 7 millones de pesos para pagar las visitas de las hermanas tenistas Williams, de Rafael Nadal y del corredor Jamaiquino Usain Bolt (cerca del 22% del presupuesto para mejorar los asentamientos y algo menos del 1% de los más de 40 mil millones de pesos de presupuesto que tuvo el Gobierno porteño para el ejercicio 2013); se promocionó la inscripción online para las escuelas indicando: “Inscribirte en la escuela pública es más fácil. Tu futuro empieza en la escuela”. Parecía fácil. Sin embargo, las dificultades para que los padres puedan saber dónde enviarán a sus hijos al colegio desde marzo próximo generaron marchas de protestas de padres, docentes, no docentes, centros de estudiantes y políticos de la oposición al macrismo.
Se trataba de una imposición que pretendía, al menos en la superficie, renovar el hasta ahora antiguo pero efectivo método personalizado de inscripción en colegios donde los padres llevaban a sus hijos al colegio que más les interesaba, verificaban que tuvieran vacantes, lo que les aseguraba un lugar, o quedaban en lista de espera mientras intentaban ver otras alternativas.
La nueva imposición obligaba a los padres a llamar al 147, un número gratuito al que sólo se puede acceder estando en la Ciudad, o bien, a través de una página web que no permitía direcciones domiciliarias que no fueran de la CABA. Algo que puede interpretarse como un elemento discriminador contra quienes no puedan confirmar procedencia porteña, pero que además debía enviar un mail a los padres de los alumnos confirmando sus vacantes.
En declaraciones a Télam, José Campagnoli, diputado porteño por Nuevo Encuentro, aseguró que “hay una búsqueda encubierta de trasladar parte de la matricula al sector privado”, ya que “si uno se queda sin posibilidad de acceder a la escuela pública va a haber un sector de padres que van a intentan ir a la escuela privada para poder darles continuidad educativa a sus hijos”.
En diálogo con Miradas al Sur, el secretario general de UTE-Cetera, Eduardo López, reveló que en zonas carenciadas, como por ejemplo en una villa de Barracas que tiene adentro una escuela primaria y otra secundaria, muchos padres que no están familiarizados con la informática o que no tienen computadora, “teniendo la escuela a una cuadra, debieron ir a un locutorio para tramitar sus inscripciones, y allí se encontraron con que les cobraban $100 por hacerles el trámite; algo que ni siquiera así les garantiza que sus hijos quedarán inscriptos”.
Las quejas llegaron a la Legislatura y la diputada porteña Lorena Pokoik (FpV) presentó esta semana un pedido de informes al Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires por las graves irregularidades ocurridas en el este sistema, al tiempo que confirmó que se estima que cerca de 10 mil alumnos no lograron todavía conseguir sus vacantes. “Es una vergüenza que los padres y los chicos de la Ciudad autónoma de Buenos Aires estén esperando las Fiestas sin tener todavía una respuesta respecto de dónde van a iniciar el ciclo lectivo 2014”, consideró la legisladora en conferencia de prensa, al presentar el pedido que fue acompañado por las firmas de los diputados Gabriela Alegre, Edgardo Form, Gabriel Fuks, Pablo Ferreyra Claudia Neira, Paula Penacca, María Rosa Muiños, y Virginia González Gass.
Al respecto, Eduardo López observó: “Lo que hicieron desde el Gobierno porteño es tan inteligente como siniestro. Se dieron cuenta de ya que no pudieron destruir la escuela pública ni transfiriendo presupuesto de la educación pública a la privada, ni dejando sin calefacción en invierno a los chicos, ni con las listas negras de docentes y estudiantes que no se someten al abandono que hace el Gobierno de la Ciudad, ni con el cierre de cursos, ni con la quita de materias como Geografía e Historia; lo que debían hacer era negarles el ingreso. Porque adentro nos defendemos todos, pero ¿cómo hacemos si les obstaculizan la entrada? Hoy 10 mil chicos y chicas sin escuela pública, padres sin la certeza de adónde irán sus hijos en marzo. Es una irresponsabilidad absoluta del Gobierno de la Ciudad, que debería asegurar el derecho del acceso a la educación de sus ciudadanos más pequeños”. Discrepó con aquellos que sostienen que debería obligarse a los funcionarios a que sus familias directas estuvieran obligados a utilizar hospitales y escuelas públicas de los que son responsables de mantener, como indica un proyecto que está en debate en Brasil, pero observó que habría que exigirles a los funcionarios que respeten las decisiones de las familias que han elegido la escuela pública. “La reforma de la Constitución del ’94 garantiza la existencia de la escuela privada, así que ni por ley se podría modificar.”
Curiosamente, ni los legisladores se salvaron de tal discriminación. Pablo Ferreira, legislador porteño por Alternativa Popular, reveló que su hijo “también fue rechazado por el sistema online en cinco escuelas” de la zona donde vive.
“Todo esto tiene que ver con un plan –señaló López–. El Gobierno porteño ataca y discrimina la escuela estatal, poniendo obstáculos a las familias que la eligen porque redujo el presupuesto educativo y ahora lo que pretende es reducir la matrícula para reducir los cursos, los maestros y reducir las escuelas. Y por el otro lado, este gobierno tiene la concepción de que la enseñanza es gratuita y que como todo lo que se regala hay que aceptarlo como te lo dan. Pero en realidad, la educación es un derecho y por eso debe ser gratuita y de calidad”.