20.07.2014. La mayoría son por no acceder a determinados canales y señales de TV, por discursos ofensivos y no respetar el horario apto para todo público. Por qué otros países quieren tener una Defensoría como la argentina. Para el relator especial de la ONU, Frank La Rue es “un baluarte del pueblo”.
Por: Florencia Solari
Desde el 14 de noviembre de 2012, los oyentes y televidentes de todo el país tienen un lugar donde reclamar si sus derechos comunicacionales se ven vulnerados. Y ese lugar es la Defensoría del Público. Sí, las audiencias en la Argentina ya no son receptoras pasivas de lo que ven en la televisión o escuchan en la radio, más bien todo lo contrario: son sujetos de derecho con una activa participación a la hora de llamar la atención acerca del funcionamiento de los medios audiovisuales.
De esta manera lo demuestran los números del último organismo público creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), en su primer año y medio de gestión. En casi 600 días de trabajo, recibió 2355 denuncias, consultas y reclamos del público, que representan 3095 planteos, de los cuales el 70% se resolvió de manera positiva a través del diálogo.
Bajo el lema «nadie reclama un derecho que no conoce», la Defensoría se propuso ser un puente entre las audiencias que exigen reparación de derechos y los licenciatarios.
Así lo resume la titular del organismo, Cynthia Ottaviano, al referirse al enorme desafío que implica «comprender que los medios de comunicación son servicios, de interés público, que la información es un derecho y ya no una mercancía, que tampoco es de unos pocos, sino de todas las personas por igual. Este cambio de paradigma supone que tanto los trabajadores de los medios como los licenciatarios de las radios y los canales de televisión tienen que asumir responsabilidades sociales y entender que es necesario no vulnerar el derecho humano de las personas a dar y recibir información, ideas y opiniones, a buscarlas y difundirlas.»
Pero, ¿qué reclama el oyente y el televidente en nuestro país? Los ejemplos son múltiples y provienen de todos los puntos de la Argentina.
En la mayoría de los casos (75,5%) las denuncias son por no acceder a determinados canales y señales de TV y por incumplimiento en la provisión de servicios. El 24,5% restante se relaciona con los discursos ofensivos, lesivos o discriminatorios; el incumplimiento del horario apto para todo público, etcétera.
Una mamá que vive en Posadas, por ejemplo, se comunicó con el organismo porque ella y su hijo no tenían acceso a un canal que les interesaba y que debía figurar en la grilla de su abono básico. Después de hacer el reclamo en la web del organismo <www.defensadelpublico.gob.ar>, se sorprendió cuando al otro día recibió una respuesta de la Defensoría. A las pocas semanas, se la convocó a una reunión con representantes del cableoperador que había contratado. Firmaron un acta, la empresa se comprometió a solucionarles el problema y todo concluyó con la instalación de los codificadores.
En la misma línea, un caso que hizo mucho ruido: en apenas cinco días la Defensoría recibió 184 reclamos de televidentes que denunciaron a una empresa de televisión por cable por quitar un canal de noticias internacional de su paquete básico y trasladarlo a un servicio con costo adicional. La gestión del organismo logró que el servicio se normalizara a las pocas horas.
Algunas de esas presentaciones fueron colectivas, como por ejemplo la que se realizó por la imposibilidad de ver la Televisión Digital Abierta en la provincia de Córdoba. Luego de las denuncias, la Defensoría comenzó a trabajar en el caso y hoy, alrededor de 300 mil habitantes de Río Cuarto pudieron hacer valer sus derechos como audiencias al quedar habilitada la puesta en funcionamiento de la antena.
En febrero del año pasado, el jardín de infantes Tribilín de San Isidro fue denunciado por maltratos gravísimos a niñas y niños. Un canal de noticias por cable difundió la foto de una maestra de jardín de infantes. La obtuvieron de Facebook. Pero la persona que allí figuraba no era la del jardín Tribilín. Sí, las dos compartían nombre y profesión. La acusada de maltratar a los niños se desempeñaba en un jardín de infantes privado de la provincia de Buenos Aires y la de las imágenes de Facebook en uno público de la Ciudad y su imagen se vio afectada. Al verse en televisión recurrió a la Defensoría, que de inmediato se comunicó con las autoridades de la señal. Además, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) también llevó el caso al organismo, que de inmediato inició conversaciones con la señal. Pocos días después, a intervalos regulares y durante toda una jornada, el canal de noticias difundió un comunicado para aclarar el error: reconocieron al aire que reprodujeron fotos de maestras, niñas y niños que nada tenían que ver con la información.
Otra de las demandas de las audiencias estuvo vinculada a la cosificación de las mujeres y la estigmatización de los colectivos de la diversidad sexual en los medios. Hasta el momento se recibió un total de 323 denuncias sobre este tema y se declaró a 2014 como el «Año de lucha contra la violencia de género y la violencia mediática hacia las mujeres» (ver recuadro).
«Podemos decir que tenemos audiencias activas y sensibilizadas con los estereotipos discriminatorios de las mujeres –explica Ottaviano–, con la sexualización y cosificación en la radio y la televisión. En este punto no somos la excepción en Latinoamérica, sino que al contrario, la imagen de la mujer cosificada en los medios de comunicación es una realidad en la Argentina, Uruguay y Brasil, por ejemplo. La diferencia es que aquí, a partir de la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y la propia LSCA, hay una conciencia clara de que existe la violencia mediática y la Defensoría puede contribuir en la transformación de la matriz patriarcal imperante. Por eso, es fundamental la tarea pedagógica que hacemos.»
Esa tarea educativa se realiza en todo el país, en escuelas, en sindicatos, canales de televisión, universidades, comunidades indígenas y en la inclusión de la interpretación en lengua de señas. Sólo en el primer semestre de este año 7086 personas participaron de las actividades que demandaron un total de 684 horas de trabajo, sumadas a las 11.387 personas que se capacitaron el año pasado, durante 524 horas en distintas provincias.
La labor del organismo fue elogiada en foros internacionales y contó con el reconocimiento, entre otros, de Frank La Rue, relator especial de Libertad de Expresión para Naciones Unidas (ver recuadro). Al mismo tiempo, con la firme vocación de promocionar el debate permanente, se organizaron 14 mesas de trabajo con participación de periodistas, comunicadoras y comunicadores, sindicatos, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil. Y de esos encuentros surgió la Guía para Cobertura de Desastres y Catástrofes, para que los hombres y mujeres de la comunicación tengan más herramientas a la hora de informar sobre acontecimientos dramáticos que se convertirán en noticia. En el mismo sentido, ya se encuentran en proceso de elaboración dos nuevas guías para abordar las problemáticas vinculadas a salud mental y casos policiales.
«Escuchar a las audiencias e incentivar la participación ciudadana es otra de las prioridades, desde el primer minuto de gestión –asegura la defensora–. El año pasado hicimos seis audiencias públicas en cada una de las regiones de la Argentina en las que participaron 1670 personas y expusieron 278. Recuperamos la tradición oral y participativa de construcción colectiva del nuevo paradigma comunicacional. Esta vez no ya para preguntar cómo se está aplicando la LSCA en todo el país. Esas audiencias son espacios de enriquecimiento mutuo, de transmisión de inquietudes y de experiencias.»
La Defensoría se convirtió en el primer organismo público del mundo que convoca sistemáticamente a audiencias públicas para evaluar el funcionamiento de la radio y la televisión a lo largo y ancho de la Argentina. Esas transmisiones se pueden seguir vía streaming por la web del organismo y con interpretación en lengua de señas para las personas sordas.
Este año se repite la dinámica, pero enfocada en los derechos comunicacionales de niños, niñas y adolescentes. En el primer encuentro expusieron 108 jóvenes y participaron 250 personas. En el segundo, una cantidad similar de adolescentes y 153 pidieron la palabra. Previo a cada una de esas jornadas se realizaron talleres: en total fueron 1233 personas y se trabajó durante 115 horas.
«Se trata de defender a las audiencias, empoderándolas, con la plena conciencia de que los medios de comunicación pueden ser inclusivos, pueden reflejar distintas formas de ver la vida y el mundo y evitar la discriminación, estigmatización y exclusión. La profundización democrática es tarea de todas y todos por igual. Sólo de esa manera podemos llegar a la tan ansiada soberanía comunicacional», concluyó Ottaviano.
Tal vez por eso, en otras regiones del mundo se busca promover defensorías como la argentina. Así ocurrió el 21 de mayo de este año con cuatro defensores de radio y televisión mexicanos que le propusieron al Senado de su país tomar en cuenta el modelo argentino: «La creación de una figura similar en México podría ser un aporte muy valioso en el nuevo modelo comunicacional que se necesita construir.» «
«Un baluarte para el pueblo argentino»
En su primera visita a la sede de la Defensoría del Público, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Expresión y Opinión, Frank La Rue, tuvo palabras de elogio para el trabajo del organismo: «Una institución como la Defensoría es un baluarte para el futuro del pueblo argentino y de paso para la democratización del manejo de los medios como una respuesta a lo que son los derechos de información de una población.» Y detalló: «Cuando el Estado como Estado asume la defensa de los Derechos Humanos de su población es más importante. Esta Defensoría es uno de los grandes pasos que se ha dado en América Latina y en el mundo entero.»
También destacó el trabajo que la Defensoría viene realizando para difundir los derechos comunicacionales de los niños, niñas y adolescentes. En esa línea, La Rue expresó: «Veo las consultas que se están haciendo con la niñez. Me parece genial, es preparar a las futuras audiencias, es preparar a un pueblo entero para interpretar la información, para saber cómo tener un pensamiento crítico y cómo recibir la información de los medios, cómo contrastarla y tener un pensamiento propio.»
Violencia mediática hacia las mujeres
Durante 2013, una de las principales demandas de las audiencias estuvo vinculada a la cosificación de las mujeres y la estigmatización de los colectivos de la diversidad sexual en los medios.
Es por ello que la Defensoría del Público, en coordinación con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Consejo Nacional de las Mujeres, declaró a 2014 como el «Año de lucha contra la violencia de género y la violencia mediática hacia las mujeres».
El convenio suscripto prevé que los organismos trabajen en la elaboración, publicación y distribución de materiales informativos sobre la temática y la realización de talleres de capacitación y campañas de difusión y concientización en todo el país para promover los derechos de la igualdad de géneros y la protección de las mujeres en los medios audiovisuales.
Dando cumplimiento a este último compromiso, la Defensoría puso en marcha diversas mesas de trabajo de equidad de género en la radio y la televisión y organizó distintos debates y reflexiones durante 114 horas con 1796 comunicadores, estudiantes, periodistas y especialistas en las provincias de Mendoza, Río Negro, La Pampa, Misiones, provincia de Buenos Aires, Chubut, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos y San Luis.
Por otra parte, la Defensoría del Público otorgó 24 becas para cursar el Diploma Superior de Comunicación y Género que dicta la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en articulación con el organismo.
Denuncias, paso a paso
Cómo denunciar: ingresar en <www.defensadelpublico.gob.ar> y clickear en «Haga aquí su reclamo». Completar los datos personales y detallar el motivo del reclamo. O se puede hacer personalmente en la sede del organismo: Alsina 1470, CABA. Para informes: 0800-999-3333.
Qué denunciar: si no podés acceder a un canal de TV o a una radio. Si percibís violencia simbólica contra las mujeres o trato discriminatorio. Si no se respeta el horario apto para todo público (de 6 a 22).