un atardecer de invierno en la Villa 21-24 de los barrios de Barracas y Nueva Pompeya, Nelson Santacruz, estudiante de periodismo e integrante de La Garganta Poderosa, se sube al techo de su casa para poder tener un poco de señal en su celular. Necesita hacer una monografía para la facultad, pero en su hogar no solo no hay señal estable, tampoco hay computadora, y mucho menos wifi.
Nelson se sienta sobre una bolsa de piedras que hay sobre la losa y, una vez que la señal aparece, continúa con el libro de 200 páginas que tiene que leer para poder hacer el trabajo. Todo, absolutamente todo, lo hace desde el celular, mientras espera que, esta vez, no se vuelva a cortar la luz ni se prendan fuego los postes eléctricos de las calles, como viene ocurriendo casi todos los días desde que empezó el invierno en las villas porteñas.
El joven reflexiona: “La falta de conectividad viene perjudicando la posibilidad de estudiar en los barrios desde hace tiempo, y además de ese derecho ahora con la pandemia también se están vulnerando otros, como por ejemplo el de la alimentación, al no poder realizar trámites como la IFE; o el de la salud, al no poder sacar turnos médicos. En los barrios populares estamos pasándola absolutamente mal, y en eso también se perjudica la continuidad pedagógica, porque de repente nos falta la luz por tres días seguidos, o tenemos solamente dos horas por día. A eso hay que sumarle el frío, el hambre, ¿cómo hacés para seguir estudiando así? Los chicos de la primaria están perdidos, y los padres y los docentes colapsan porque ya no saben qué hacer”.
Junto al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, el 20 de marzo entró en vigencia la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles educativos del país. En consecuencia, todo el primer cuatrimestre del año se desarrolló de manera virtual mediante el Plan de Educación a Distancia que impulsó el Estado.
En los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, la llegada de la pandemia agravó la pobreza estructural y con ello el conflicto por la conectividad y el acompañamiento integral educativo: “Los padres y madres están con mucha angustia porque sus hijos no pueden seguir estudiando o porque sienten que perdieron seis meses de clases al no poder contar con las herramientas informáticas básicas para realizar la educación a distancia”, dice Jonatan Baldiviezo, abogado en Derechos Humanos y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
El Gobierno porteño al mando de Horacio Rodríguez Larreta, en un nuevo capítulo de su historial de incumplimientos, se ganó una causa judicial en su contra por el tema de la conectividad. Recién por estos días, a casi seis meses de las medidas sanitarias adoptadas, las autoridades empezaron a abordar la complejidad de la problemática educativa, pero sus propuestas son siempre insuficientes cuando están en juego las necesidades de los sectores más empobrecidos. Mientras tanto, más de diez mil estudiantes que ya empezaron el segundo cuatrimestre escolar todavía siguen completamente desconectadxs.
«Todos estos meses dejaron muy en evidencia la falta de respuesta por parte del Gobierno de la Ciudad ante los recursos que la comunidad necesita», dice Pamela, madre de dos niñxs y vecina de la Villa 31.
Madres-maestras
Dentro de la Villa 31 de Retiro hay dos colegios: el Polo Educativo María Elena Walsh, que fue inaugurado el año pasado y que cuenta con 180 estudiantes en el nivel primario, y el Polo Educativo Mugica, que tiene más de 1.300 alumnxs entre el nivel primario y secundario. Según datos de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), hay aproximadamente 2.400 estudiantes de la Villa 31 que asisten a otras escuelas que quedan fuera del barrio.
Pamela Gallardo, vecina de la 31, es Promotora de Salud, estudiante de Enfermería y madre de dos hijxs de 9 y 12 años que asisten a la Escuela Primaria Nº 13 General San Martín, ubicada en el barrio de San Nicolás. Pamela vuelve a su casa después de una jornada intensa de trabajo, se cambia la ropa, se prepara unos mates y comienza a ayudar a su hija a hacer la tarea de Matemática que le encargaron para el colegio.
Como la niña tiene dificultades para aprender las tablas, Pamela intenta enseñarle con su propia técnica, pero su hija protesta: el método de su madre no es el mismo que le enseñaron en la escuela. Pamela respira profundo; está agotada, pero de todos modos lo vuelve a intentar.
Cuando se hace la hora de la cena, desinfecta su computadora, la guarda en una bolsa y, con las últimas energías del día, la lleva a la casa de una vecina para que ella también pueda ayudar a sus hijxs con los deberes del colegio, ya que en su hogar no cuenta con ningún dispositivo para poder hacerlo.
Pamela recuerda lo vivido: “Además de ayudar a mis hijos con las tareas, tenía que ir a trabajar y estudiar para la facultad. Ocuparme de los chicos a veces me llevaba hasta cuatro horas por día, y había veces que sentía que no podía más. Todo lo que pasó me hizo dar cuenta de lo importante que es la función del maestro, del trabajo enorme que hacen para poder tener la atención de un niño y también de la red que se tiene que formar para poder contener a un pibe en el colegio, porque la educación es mucho más que sentarse a explicar una materia y listo”.
Con relación a la falta de conectividad, agrega: “Todos estos meses también dejaron muy en evidencia la falta de respuesta por parte del Gobierno ante los recursos que la comunidad necesita. La falta de dispositivos electrónicos se sintió mucho en el barrio, y todavía creo falta pensar mejor cuál es la forma más adecuada de educar en este contexto, porque si bien desde el colegio se exigía bastante, no había una planificación muy clara de cómo hacer para poder contener todo eso”.
«Cuando a las familias se les cortan los datos del celular se quedan sin whatsapp, por eso capaz pasan varios días sin responder hasta que logran conectarse de nuevo”, relata Florencia, maestra en la Villa 1-11-14.
Magia educativa
Marisa Guidolin es directora de la Escuela Primaria Nº 11 del Distrito 5º, que está ubicada en la Villa 21-24. Cuenta que una encuesta realizada en la escuela, a la que asisten más de 600 estudiantes, dio como resultado que un 80% se maneja solamente con los datos del celular porque no tienen wifi, mientras que el otro 20% tiene una red de internet que “es trucha y cada dos por tres se cae o se satura”.
−¿Cómo se hace para mantener la cursada en esas condiciones?
−La verdad es que estamos haciendo magia, porque hoy las clases no terminan de ser ni virtuales ni a distancia. Son más bien encuentros personalizados entre maestros y estudiantes a través de un llamado telefónico, lo que genera un desgaste enorme en las y los docentes, que se encuentran dando clases a cualquier hora, cuando muchos también viven en barrios carenciados, no tienen buena conexión y terminan gastando un montón de plata en datos. Además de la falta de agua y de luz, generalmente también hay un solo celular por familia, que colapsa porque la poca memoria se llena enseguida con todas las cosas que reciben. Los chicos terminan viendo a la noche recién la tarea porque ahora los padres volvieron a trabajar y la modalidad les cuesta un montón, porque no están acostumbrados a eso sino al pizarrón y a las clases presenciales.
−¿Sirven los cuadernillos que envía el Gobierno?
−No, porque tampoco terminan respondiendo a los contenidos de las escuelas y, al ser todos iguales, el mismo cuadernillo que va a una escuela de Caballito también va a una de la villa… si es que va, porque a veces ni siquiera llegan. Esto genera una educación que favorece la desigualdad, porque no se particulariza en las necesidades de cada territorio. Además, muchos padres apenas conocen al maestro o la maestra porque este año no hubo tiempo de nada, y a eso también se le suma la dificultad del idioma: en los barrios muchos padres hablan poco castellano porque hablan otras lenguas como el guaraní, por ejemplo.
Enseñando con el ejemplo
En la Villa 1-11-14 del Bajo Flores hay casi dos mil estudiantes y siete escuelas, entre primarias y secundarias, ubicadas tanto dentro del barrio como en los alrededores.
Florencia Alarcón, maestra de quinto grado de la Escuela Primaria Nº12 que funciona en el interior de la villa, cuenta que si bien en su grado tiene 18 estudiantes, desde que empezó la pandemia solamente 6 han podido conectarse a las clases: “El otro día hicimos una encuesta y la mayoría dijo que tiene un solo dispositivo móvil para hacer las tareas y que es un celular. Casi todas las familias usan datos porque no tienen prepago y cuando se les corta eso se quedan sin whatsapp, por eso capaz pasan varios días sin responder hasta que logran conectarse de nuevo”.
Además de dar clases, Florencia reparte las canastas de alimentos que el Gobierno de la Ciudad envía a las escuelas: “No hay una organización clara con respecto a las familias que van quedando aisladas por casos positivos, entonces nosotres tenemos que hacer los repartos. No lo hacemos como una obligación, sino como una forma de ayudar en este contexto tan difícil que estamos viviendo. Yo aprovecho también esos momentos para ponerme en contacto con les chiques que no tienen ningún dispositivo móvil”.
Junto a sus compañerxs, Florencia organizó una colecta para poder mejorar esas canastas que, según explica, son incompletas y además no cuentan con ningún elemento de higiene, ni siquiera para las personas que se ocupan de hacer los repartos: “No mandan ni alcohol ni lavandina, lo único que envían para cada estudiante es un jaboncito chiquito, de esos que dan en los hoteles. Otra de las cosas que empezaron a faltar es aceite, y eso se necesita muchísimo porque la mayoría de las familias no tienen horno, entonces para cocinar usan mucho las hornallas”.
¿Y el menú que se les ofrece a lxs chicxs? “Usan productos de muy mala calidad y te indican raciones muy pequeñas. Por ejemplo, te dicen que pongas media zanahoria, entre otras medidas parecidas, en el plato de comida de un niñe. Es indignante”.
Al conversar sobre educación y conectividad, la maestra asegura que no se está garantizando el acceso a ninguna de las dos cosas: “El otro día una madre me contó que estudia Arquitectura desde un celular, sin dispositivos ni conectividad. Y también tiene niñes en edad escolar. Además, en muchas casas hay computadoras que no funcionan porque se les rompió el cargador y como no hay plata para comprar otro, la dejan ahí. Son cosas que se podrían resolver fácil si desde el Gobierno hubiera una mínima voluntad política”.
El problema no solo afecta a lxs estudiantes, sino también a quienes enseñan: “Una de las maestras que vive en el barrio Ramón Carrillo, cada vez que hacemos una reunión virtual para organizar cuestiones de la cursada, nos pide que saquemos la cámara para poder conectarse, porque si no se le tilda el cableado, donde vive hay muy mala señal”.
Para Florencia, el acceso a la conectividad debería ser una política pública: “Además del acompañamiento adecuado, se les tiene que poder dar un dispositivo a cada pibe, a cada piba, son cosas que sabemos que se pueden hacer pero no se hacen, y mientras eso no suceda estudiar se vuelve algo imposible”.
«El Gobierno de la Ciudad resuelve citar a los chicos para que tomen clases en gabinetes tecnológicos que no existen en las escuelas, arriesgándolos también a exponerse al virus”, opina Angélica Graciano, de UTE.
Un Gobierno desconectado
A partir de la suspensión de las clases presenciales, toda la comunidad educativa porteña empezó a detectar los problemas que generaba la educación virtual a distancia. Sin embargo, la respuesta del Gobierno de la Ciudad fue desligarse del problema.
En mayo, la Asesoría Tutelar Nº 2, encargada de defender los derechos de la niñez en el Ministerio Público; el Observatorio de la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), el Frente Salvador Herrera, la Unión de Trabajadores de la Educación y varias familias afectadas, decidieron iniciar una causa judicial.
El objetivo era que el Gobierno se hiciera cargo de brindar computadoras y conexión a lxs estudiantes de escuelas públicas o de gestión privada con cuota cero que sufren la llamada “brecha digital”, término que se utiliza para caracterizar la desigualdad entre grupos sociales en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.
Desafortunadamente para las autoridades, la demanda le tocó al Juzgado Nº 2, a cargo de Roberto Andrés Gallardo, uno de los pocos jueces de la ciudad que no hace alianzas con el macrismo y cuyo trabajo es reconocido por proteger los derechos de la ciudadanía. A partir de entonces, fueron casi dos meses de disputas judiciales y planteos procesales del Gobierno para no cumplir con las acciones ordenadas por el juez para garantizar internet y computadoras a quienes más las necesitan. Finalmente, Larreta y compañía lograron su objetivo: que la Cámara de Apelaciones revirtiera las medidas cautelares que habían sido dictadas antes por Gallardo.
Con la Justicia nuevamente de su lado, Larreta y la ministra de Educación, Soledad Acuña, propusieron reabrir las escuelas para que lxs estudiantes de los barrios vulnerados con problemas de conectividad vayan a los establecimientos y utilicen las computadoras disponibles. Un planteo que no soluciona el problema de fondo y que, además, atenta contra la salud comunitaria.
Angélica Graciano, secretaria general de UTE, explica: “Sabemos que mientras un alto número de estudiantes se comunica a través de celulares, otro porcentaje también importante tiene el soporte papel, que incluye la dificultad de que se entrega cada 15 días y que en este momento en las escuelas ya se agotó el tóner, los papeles y las resmas. Por lo tanto, tenemos alrededor de 12 mil chicos sin acceso a internet que necesitarían que la conectividad sea efectiva. Sin embargo, vemos cómo el Gobierno de la Ciudad resuelve, de una forma completamente antojadiza y sin ninguna lógica, citar a esos chicos para que tomen clases en gabinetes informáticos o tecnológicos que no existen en las escuelas, arriesgándolos también a exponerse al virus”.
Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, también manifiesta su crítica hacia esta nueva estrategia política: “Habilitar las escuelas como cibers implica que la gestión gaste en adecuar estas escuelas a espacios digitales el mismo monto necesario para garantizar internet y computadoras a los estudiantes. En vez de hacer gastos innecesarios, lo que correspondería es destinar ese dinero para garantizar la continuidad pedagógica en igualdad de condiciones. Además, los turnos deberían pedirse vía online, cuando justamente estas familias lo que no tienen es acceso a internet o dispositivos informáticos, lo cual implica un contrasentido bastante grave”.
Mientras tanto, para tapar una vez más el agujero que deja la política, La Poderosa lanzó una campaña solidaria llamada #ContagiáConectividad, que consiste en la recaudación de fondos a través de donaciones voluntarias para poder instalar internet de banda ancha con material de fibra óptica y wifi en aproximadamente cien barrios populares de la Argentina.
Recién hace algunas semanas, el Estado empezó a ocuparse del asunto y el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, comunicó que la propuesta del Gobierno de la Ciudad de convertir las escuelas en gabinetes informáticos no se llevará adelante por ser una medida inviable en medio de la pandemia: “Debe ser la escuela la que se acerque a los estudiantes y no los estudiantes a la escuela”.
Como contrapropuesta, el jueves pasado el ministro comunicó la implementación conjunta con Ciudad de una serie de medidas socioeducativas y soluciones de conectividad que eviten poner en riesgo la salud de la comunidad educativa. Entre ellas, proveer hasta 6.500 netbooks y tablets a estudiantes de primaria y secundaria, la conectividad a internet por 4 meses mediante cargas mensuales para consumo de datos y la disposición de plataformas, programas educativos y promotores territoriales.
Ahora lo que resta es llevar las medidas a cabo lo antes posible para que lxs miles de estudiantes de los barrios vulnerables que ya pasaron todo el primer cuatrimestre del año y el comienzo del segundo sin conectividad ni el acompañamiento integral necesario no sigan perdiendo lo que debería ser una de las prioridades más básicas y elementales de cualquier comunidad: el derecho a la educación.