02.01.2013. Dirigentes de la Central reafirmarán el rechazo al proyecto que impulsa el PRO.
La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) ratificará hoy su respaldo a la medida judicial que impide al jefe de gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, emplazar el Centro Cívico del distrito en los terrenos del Hospital Borda. La central sindical fijará postura durante una conferencia de prensa convocada a partir de las 9 en la sede central de la CTA.
Desde la organización sindical consideran que la medida judicial que frenó el proyecto del PRO es un «triunfo de los trabajadores».
El encuentro con la prensa estará encabezado por el secretario general de la comisión interna de los Talleres Protegidos del Borda y secretario general adjunto de la CTA, Marcelo «Nono» Frondizi; el titular de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-CTERA), Eduardo López y el secretario general de la CTA, Central de Trabajadores de la Argentina, Hugo Yasky.
Frondizi y López fueron dos de los impulsores del rechazo al proyecto inmobiliario macrista de emplazar el Centro Cívico en los terrenos del Hospital Borda, en el barrio porteño de Barracas. Tanto el fallo de primera instancia dictado en octubre como la última confirmación de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo tomaron en cuenta una presentación realizada por ambos dirigentes de la CTA.
Las sentencias impiden al gobierno de la Ciudad avanzar con esta obra de casi 400 millones de pesos, considerando leyes que protegen esos terrenos. Los fallos también advierten que en el predio donde funciona el Hospital Borda existen yacimientos arqueológicos urbanos.
El proyecto de levantar el Centro Cívico de la Ciudad en el predio donde funciona el Hospital Borda es uno de los principales proyectos inmobiliarios que impulsa el gobierno de la Ciudad para descentralizar la administración porteña de la zona del microcentro.
Días atrás, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo confirmó la cautelar que impide la construcción. Los camaristas ratificaron el fallo original que tomaba como base de argumentación un informe del defensor general adjunto Andrés Gallardo.
En ese documento, Gallardo advertía que una ley local también protege los terrenos donde funciona el centro asistencial y puntualizaba que en el lugar se encontraron yacimientos arqueológicos urbanos.