Ayer, 10 de enero, los integrantes de la comunidad educativa de la villa 31, nos juntamos frente al galpón a donde quieren trasladar a nuestras escuelas de nivel primario e inicial, mientras se construye el polo educativo, por el que tanto luchamos.Este galpón, que el GCBA alquila en una suma escandalosa ($552.000 por mes, el primer año y $712.000 por mes el segundo año), era utilizado por una de las concesionarias de la familia Dietrich.
Desde que el gobierno planteó la posibilidad de que se muden allí las escuelas, la comunidad educativa se manifestó en contra, por considerar que el lugar no sólo no reúne las condiciones básicas para albergar a dichas escuelas, si no que la zona donde está ubicada es de gran conflictividad para el territorio.
A pesar del pedido sistemático de reuniones al gobierno, y teniendo propuestas de cuáles pueden ser los lugares alternativos, el gobierno se mantuvo sin establecer ningún tipo de diálogo real.
Es por eso que las familias presentaron un recurso de amparo, para que se pueda buscar una solución al problema planteado por el gobierno que nunca escuchó el reclamo de la comunidad.