18.01.2014. Es por una vacante que había sido asignada pero luego fue quitada. Los padres de la niña pidieron la urgente intervención del máximo tribunal.
Adrián Amat y Mónica Benda, padre y madre de una niña que transitará este año el preescolar, recurrieron a la Corte Suprema de Justicia, máxima instancia judicial del país, para solicitarle que intervenga ante el limbo burocrático en el que se encuentran junto a unas 17 mil familias porteñas por el cambio del sistema de inscripción en las escuelas públicas porteñas que los dejó sin vacante.
Por una cuestión de cercanía con los domicilios laborales, el matrimonio había anotado a la hija en la escuela Normal Superior como prioridad y en el turno mañana, y esa elección se les había asignado. Según relató Benda a Tiempo Argentino, cuando fue al establecimiento a confirmar lo que veía en Internet, la hija «aparecía en un listado, pero las autoridades me dijeron que había errores y no me confiara. Resulta que el 9 de enero me dijeron que la vacante estaba anulada sin ninguna explicación de por qué.» Benda –que es docente– aseguró haber recorrido todos los estamentos físicos habilitados –escuela, supervisión, Ministerio– y los canales de comunicación (147 e Internet), pero hasta la fecha no han tenido respuesta.
En un escrito de dos carillas y con el patrocinio del abogado Daniel Igolnikov, la pareja pidió que «se habilite la feria» judicial para el tratamiento «urgente» del tema y que «se investigue la conducta del funcionario Jorge Aguado, director general de Tecnología Educativa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires», responsable operativo de la implementación del sistema.
«El sistema pernicioso que ha implementado el gobierno de la Ciudad, a los efectos de hacer creer que se armó para resolver las vacantes no es más que una actitud soberbia y demagógica, cuya ineficacia ha quedado demostrada por la implementación de un plan de reasignación de 17 mil vacantes», señala la presentación judicial. «Los padres que creemos, como nuestros mayores, en la escuela pública, nos sentimos defraudados y preguntamos ¿quién gana con este sistema? Los adjudicatarios, quizás. ¿Algún funcionario? La familia es víctima como miles de niños y niñas y adolescentes».
Pero este caso no es el único: Gustavo Lesbegueris, titular del Área de Educación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, contó que en la última semana recibieron unas 190 denuncias similares para todos los niveles, y advirtió que «el Ministerio de Educación afirma que hay vacantes disponibles, pero el problema es que los padres, cuando buscan escuela para sus hijos, no buscan cualquier lugar». Además, calificó de «inédito» y «alarmante» que el problema de las vacantes «se haya extendido a todos los niveles».
En tanto, la multisectorial formada por familias sin vacantes, dirigentes de la Unión de Trabajadores de la Educación y de organizaciones estudiantes juntarán firmas entre hoy desde las 15 en el Parque Rivadavia, de Caballito, y mañana en los parques Almagro y Chacabuco, de los barrios homónimos.
Dudas sobre una licitación
El auditor porteño Eduardo Epszteyn puso ayer en dudas el llamado a licitación para instalar aulas móviles, con el que se busca suplir la falta de espacio en las escuelas públicas de la Ciudad. «El 9 de enero el gobierno porteño firmó la resolución para el llamado a licitación y el día 10, antes que se publique en el Boletín Oficial, la empresa SCG SRL pidió aclaraciones técnicas, esto nos parece muy sospechoso teniendo en cuenta como se dio todo este proceso». Epzteyn advirtió por otro lado que el gobierno de Mauricio Macri «redujo el presupuesto para construir escuelas de 275 a 185 millones en dos años, por lo que en términos nominales la Ciudad construye menos escuelas que hace dos años. Se subejecuta el presupuesto educativo y ahora sale de urgencia a comprar aulas móviles para dar respuesta a la falta de vacantes en las escuelas», agregó.