Hoy es el día en que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la más rica del país, les dice “no” a miles y miles de familias que eligen la escuela pública para sus hijxs. Hoy, 14 de febrero, quienes se inscribieron a fines de 2019 en jardines, escuelas infantiles, primarias y secundarias porteñas reciben el portazo que Rodríguez Larreta y Soledad Acuña, le da en la cara diciendo que no hay vacantes, que quedarán en lista de espera. Pese a la profusa publicidad que inunda la cartelería urbana inventando la creación de escuelas donde sólo hubo mudanzas de edificio, nuevamente aumentará el número de niños y niñas sin vacante. El guarismo total es ocultado sistemáticamente por el Ministerio de Educación. Según los datos recopilados por agrupaciones de familias sin vacantes y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIJ, en el 2019, menos del 40 por ciento de las inscripciones obtuvo su vacante. El resto vio vulnerado un derecho que establece la Constitución de la Ciudad en su Artículo 24: “la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior”. Esta legislación, que no admite controversias en su interpretación, le ha hecho perder al Gobierno de Larreta varias disputas judiciales por su reiterado incumplimiento. Sin embargo, no le ha hecho cambiar su política de desinversión por la cual no se construyen las escuelas para garantizar a quienes eligen lo público, su correspondiente vacante.
En el día de ayer, los representantes de UTE, en la Mesa de Condiciones Laborales y Salariales, plantearon entre los primeros reclamos que se garantice un lugar en la escuela pública estatal para todo aquel que lo requiera. El nivel más afectado, por lejos, por esta política de reducción presupuestaria, es el inicial, es decir, los Jardines de Infantes y Escuelas Infantiles. Su importancia radica en el incumplimiento presente de un derecho y en las consecuencias a futuro. Por un lado, genera una desigualdad educativa de origen entre quienes acceden a este tramo de la educación y quienes terminan en circuitos por fuera del sistema educativo o directamente se quedan afuera. Por otro, en los casos de quienes, a pesar de haber elegido la educación estatal terminan en la privada, produce un trasvasamiento de matrícula que se reproduce en los siguientes niveles. Es decir, a lo largo del tiempo, se convierte en una política pública antiestatal y favor de la privatización del sistema.
En este contexto de falta de vacantes, el Gobierno de Larreta pretende cerrar el histórico Jardín del Hospital Ramos Mejía con la excusa de que se abrirá otro en la Manzana 66 de Avenida Jujuy y Belgrano. Ante la cantidad de familias en lista de espera el argumento resulta una burla. La Ciudad, las niñas y los niños del barrio de Balvanera, necesitan las dos escuelas infantiles, la del Hospital y la de Manzana 66. Elegir abrir uno y cerrar otro que está en funcionamiento es dejar a cientos de familias sin escolarización temprana. Por eso, en la continuidad de la lucha por el derecho educativo, el próximo martes 18 de febrero a las 10:30, convocamos a concentrarnos en Tacuarí 124 para concurrir a la Audiencia Pública convocada por el Juez López Alfonsín acompañando a la Comunidad Educativa de Jardín del Ramos Mejía para evitar su cierre.
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