30.10.2012. A raíz del fallo judicial que frenó la construcción del Centro Cívico en el predio del Borda, la CTA ofreció esta mañana una conferencia de prensa en su sede nacional. Allí denunciaron, además, los descuentos que sufrieron los trabajadores del Hospital por participar del conflicto.
Allí estuvieron presentes el secretario general adjunto de la CTA y secretario general de la Junta Interna de Talleres Protegidos del Hospital Borda, Marcelo Frondizi; el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-CTERA), Eduardo López; Roberto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) y Ernesto Balbiano, secretario Adjunto de la Junta Interna de los Talleres Protegidos del Hospital Borda.
El primero en tomar la palabra fue Frondizi, quien declaró que “junto a Eduardo López y a la Comisión interna de Talleres Protegidos nos presentamos en la Defensoría del pueblo en la unidad especial de Patrimonio Histórico Nacional, bajo la responsabilidad de Andrés Gallardo, para que intervenga a los efectos que se detenga la construcción del Centro Cívico, ya que el lugar fue declarado patrimonio histórico nacional en 1999”. En el encuentro con la prensa, también se dio a conocer que en el lugar existen yacimientos con material histórico de gran valor cultural, algo que no había sido tomado en cuenta por el Gobierno porteño para avanzar con la iniciativa. También, que para el comienzo de la obra la empresa constructora no realizó ningún estudio de impacto ambiental, imprescindible para iniciar cualquier tipo de edificación.
De hecho, esos puntos fueron centrales para el fallo que la titular del juzgado N°6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Patricia López Vergara, dictó en la medida cautelar que emitió el domingo 28. De esta manera, la Justicia la impide al Gobierno porteño «dar inicio a cualquier construcción, emplazamiento preparatorio de obra o afectación del funcionamiento y uso actual de los inmuebles y jardines aledaños del Hospital Borda».
Para Frondizi, el intento de construcción “no avanzó porque los trabajadores del Borda y el Moyano y en permanencia pacífica durante 82 días, custodiando el patrimonio, defendimos el dispositivo de salud mental y el de los talleres protegidos, que es un tratamiento que trabaja con el vínculo, la resocialización y el trabajo productivo de pacientes de salud mental”. Cabe consignar que en los talleres protegidos se fabrican muebles como aparadores, sillas y camas que se usan en los hospitales de la Ciudad. Las obras habían iniciado en el espacio donde funcionan, dentro del predio del Borda, en agosto pasado.
Luego Frondizi esbozó un racconto de los hechos, luego de estos 82 días de conflicto: “como ustedes saben, el 8 de agosto a la madrugada entró la Policía Metropolitana por la calle Perdriel violentando un portón. La empresa armó un cerco perimetral para impedir que los trabajadores pudieran entrar, en donde está la cancha de fútbol, que es donde los pacientes van a hacer deporte. Esa es una muestra de autoritarismo el carácter autoritario de imponer esta obra. Por supuesto que el objetivo de hacer funcionar un centro cívico ahí esconde un negocio inmobiliario de un valor de 420 millones. Nosotros denunciamos eso y nos preguntamos por qué esos millones no los ponen para desarrollar las necesidades de la comuna, como viviendas populares, luminarias, ciudados de los edificios históricos del barrio de la boca. O en escuelas, salud y educación y que el Hospital y los talleres tengan los insumos necesarios. Ese negocio inmobiliario tapona un debate sobre la problemática de salud mental. ¿Por qué no se construyen más talleres protegidos, que son dispositivos ambulatorios, casas de medio camino, un hostal de pre-alta en el Hospital, un polo de salud de la ciudad de buenos aires de manera tal de beneficiar a todos los ciudadanos porteños”.
“Frente a esto- indicó Frondizi- hemos iniciado un plan de lucha que contó con festivales, paros y charlas, además de una serie de encuentros con legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, para cerrar esta parte del conflicto, el próximo martes 6 de noviembre la comisión interna hará una asamblea para analizar con el conjunto de los compañeros del taller los pasos a seguir. Además, el sábado a las 15 inauguraremos un mural que hicieron compañeros que apoyaron esta resistencia, y haremos un festival cultural sobre Eva Perón, porque en la casa principal de los talleres protegidos funcionó una parte de la Fundación”.
“Los que estamos acá priorizamos los derechos por sobre los negocios”
El secretario general de UTE, Eduardo López, por su parte, apuntó que la justicia jugó del lado de los trabajadores “porque Macri no cumple con la legislación vigente. Nosotros, desde UTE, fuimos para que se siente a negociar con los estudiantes, y lo ganamos. También para que deroguen el 0800 y para que vuelvan los maestros de Monte Castro a trabajar a la escuela de la que fueron despedidos y ganamos también. Pero no queremos ir más a la Justicia: queremos que dialogue y que se sepa que si él quiere hacer negocios, los haga, pero no a costa de los derechos de los pacientes del Borda, de los pasajeros, de los estudiantes y de los docentes. Los que estamos acá priorizamos los derechos por sobre los negocios. Defender la salud pública, el transporte y la educación es una inversión mucho mejor que defender cualquier negocio”.
Otro testimonio que se escuchó fue el de Roberto Pianelli. El secretario general de los metrodelegados manifestó: “no puede ser que en temas del ámbito de la política, de la planificación, administración tenga que intervenir la Justicia”. Al mismo tiempo, recordó que “En el Borda se han podido recuperar muchos compañeros. Ahí se hacen trabajos culturales y hay una radio, se hace un trabajo muy importante para los enfermos, porque los pacientes que están ahí en general son pacientes pobres. Eso ha sido abandonado y hoy quería ser usado como una nueva caja. Por suerte todavía nos queda la Justicia”.
Descuentos Al cierre, los dirigentes denunciaron además que seis trabajadores fueron sancionados con un descuento del salario de 53 días. En palabras de Frondizi, se trata de “un promedio de 8.000 pesos por cada trabajador, de manera absolutamente arbitraria por decisión del responsable de recursos humanos del Ministerio de Salud porteño, Antonio Leskovec, quien argumentó que dichas personas no trabajan. Eso no es cierto, porque en el dispositivo que ellos armaron en Brandsen 2665 donde funciona el laboratorio de talleres protegidos y el taller textil, no recibieron órdenes para comenzar a trabajar”.
Por su parte, Ernesto Balbiano, secretario general adjunto de la Comisión Interna de Talleres protegidos, denunció: “los trabajadores del Hospital Borda, el Moyano y los Talleres Protegidos estamos recibiendo una fuerte persecución que no forma parte de un proceso democrático sino de una forma de hacer política que tiene más bien que ver con lo dictatorial”.