El lunes 27 de agosto se produjo una reunión entre los rectorados de los institutos de formación docente y el Presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la CABA, Maximiliano Ferraro. Allí, el Diputado Ferraro dijo que está en borrador una nueva ley de “Formación Docente y creación de la UNICABA”. Además, aseguró que el proyecto emanó del ejecutivo porteño y contó con el análisis, entre otros pedagogos, de Mariano Narodwsky, el ex ministro de Educación de Macri que renunció ante el resonante caso de las escuchas telefónicas y la asesora en educación del gobierno de María Eugenia Vidal, Guillermina Tiramonti, quien ha descalificado el actuar de las organizaciones sindicales docentes en esta materia y ahora sumó su desvalorización respecto de la participación juvenil en política. Así el derecho a conocer y acceder a la información del nuevo proyecto queda vedado. Con este procedimiento el Gobierno de Rodríguez Larreta pasa, en lo que refiere a formación docente de la política del powerpoint a la del ocultamiento.
Con más de una década en el poder, Larreta estuvo en el centro de las decisiones políticas que bajaron año tras año el presupuesto para la educación superior de la CABA y en tiempos donde las universidades pelean por sus presupuestos para evitar sus cierres, la ministra Acuña habla de crear una en la Ciudad. Acá cabe preguntarnos: ¿De dónde sacara el dinero? Allí el edil dijo que existe un equilibrio presupuestario… Nos permitimos decir que la CABA, no llama a discutir salarios invierte cada vez menos y aumenta cada vez más la deuda pública porteña, que es en dólares. Ante ese panorama es muy difícil pensar en equilibrios.
En paralelo a esa “forma de presuponer” los destinos del erario público, promovieron las reformas, endiosaron las evaluaciones estandarizadas y ensalzaron el uso de plataformas cerradas e importadas (y las compraron) estando así a tono con la “oferta” pedagógica que proponen las agencias trasnacionales. Como parte de ese dispositivo, también hablan de la evaluación y de la acreditación como un formato de normas IRAM de la educación que garantizarían el “sano” desenvolvimiento del sistema y sacan del mismo a las instituciones responsables del fracaso. De esta manera, “las fallas” las alojan en cada escuela y en cada docente.
De Sarmiento a esta parte, el sentido del sistema educativo va de la mano de la idea de sociedad que se pretende construir. Claramente, cuando el edil refiere a nuevas carreras y habla con los rectorados de emprendedurismo dice exactamente a qué sociedad aspira: una de emprendedores/as que individualmente vean como salvarse en un mercado salvaje. Ante ese panorama, reafirmamos que nos oponemos a la idea de servicio y oferta educativa que promueven estos espacios políticos y proponemos el de derecho social a la educación.
Es más, promovemos el acceso al derecho a la educación superior. Para ello, la inversión en aumento constante, la estabilidad laboral permanente, las condiciones de trabajo que ponen en el centro a la docencia como productora de conocimiento y no como mero empleado, el acompañamiento a las trayectorias formativas de los estudiantes son centrales.