La UTE junto a la comunidad educativa de la Escuela de Educación Media Nº 6 Padre Carlos Mugica, del Distrito 1º denuncia el cierre de la calle Letonia por parte de las autoridades judiciales para hacer un estacionamiento exclusivo impidiendo el acceso de bomberos y ambulancias al establecimiento.
11 de Mayo de 2015
Para hacer un estacionamiento para jueces y fiscales, dejaron encerrado un colegio frente a la Villa 31
Escuela en peligro por una calle privatizada por el Poder Judicial
Los docentes de la secundaria Carlos Mugica denuncian que autoridades del edificio judicial de Comodoro Py cerraron la arteria para construir una playa de estacionamiento, para su uso exclusivo. Esa «privatización» impide el paso de ambulancias y de bomberos.
Demetrio Iramain
Las autoridades de la Escuela de Educación Media Nº 6 Padre Carlos Mugica, del Distrito Escolar Nº 1, presentaron ante la Justicia Nacional en lo Correccional un escrito en el que exigen a las autoridades del Poder Judicial que sea abierta nuevamente a la libre circulación la calle Letonia, en Retiro, que corre paralela a las calles Comodoro Py e Inmigrantes, y que desde febrero de este año fue cerrada al paso. No sólo ocure en la villa de Barracas. En la Villa 31 también se consiguen muros. Como allá Clarín, en este caso el Poder Judicial de la Nación.
Esa calle, de tan sólo dos cuadras de largo, se encuentra interrumpida en la mitad. Fue cortada sin consulta previa a la dirección del colegio secundario, que tiene dos turnos y cuya población se compone en un 80% por jóvenes que viven en la contigua Villa 31. Desde que la calle fue cerrada con un vallado, sólo pueden circulan por detrás de él los funcionarios judiciales, que dejan a unos pocos metros sus autos particulares. En los tribunales de Comodoro Py tienen asiento los juzgados federales de primera instancia, las dos salas de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal y las cuatro de la Cámara Federal de Casación.
La primera reja que bordea la vereda del colegio sobre la calle Letonia, que antes se llamaba Costa Brava y luego Estados Unidos de Brasil, fue colocada hace diez años, para preservar el ingreso a Tribunales de funcionarios públicos y de jueces, y para restringir el acceso de los medios de comunicación. Pero ahora la verja se extiende sobre la vereda, impidiéndoles a estudiantes y docentes salir hacia la plaza del fondo, en perpendicular a Letonia, además de entorpecer las salidas y entradas de emergencia.
En diálogo con Tiempo Argentino, la preceptora Verónica Filipo, delegada ante UTE, señaló: «Nuestra escuela es muy precaria, tenemos techos de chapa, piso de cemento, problemas con desagües, poca calefacción, falta de aulas. Y ahora se suma una situación bastante complicada. Cuando volvimos de las vacaciones nos encontramos que la calle donde termina la escuela había sido bloqueada con rejas y las puertas y portones que se abrían en caso de una emergencia fueron cerrados con candados.»
El nuevo bloqueo acentuó el que ya existía. Antes el eventual ingreso de una ambulancia o de un camión de bomberos estaba dificultado pero hoy directamente es imposible: desde las 5 de la tarde los tribunales están vacíos mientras que el último docente en irse del colegio lo hace cerca de las 11 de la noche. Si se produjera un incendio en la cocina del colegio, por ejemplo, o en la escuela primaria, que está en el medio del corredor, las personas que están en el fondo de la escuela no tendrían ninguna alternativa de escape.
El colegio secundario tiene turnos mañana y vespertino, y asisten en total 450 chicos y 150 docentes. La institución funciona en un edificio, de una sola planta, que se extiende sobre la calle Letonia y está dividido en varios espacios distintos donde funcionan, además de la escuela media, el Jardín de Infantes Común N°5 D. E. 1, al principio de la cuadra, casi en la esquina de la Avenida Antártida Argentina; la escuela primaria N° 25 D. E. 1; el Centro N°10 del Programa de Alfabetización, Educación Básica y Trabajo (PAEByT); el Centro de Salud Comunitaria (CeSAC) N° 25; y los Programas Club de Jóvenes, y de Orquestas Infantiles y Juveniles de la Ciudad de Buenos Aires.
La situación ya había sido puesta de manifiesto por la directora del colegio en diciembre de 2014 ante la Cámara Nacional de Casación Penal y a finales de febrero de este año ante la Supervisión Región 1 del Ministerio de Educación de la Ciudad, pero al día de hoy no obtuvo respuesta.
La última posibilidad que intentaron las autoridades del colegio fue dirigirse a las oficinas que el Programa de Acceso Comunitario a la Justicia del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Ante los funcionarios de la agencia ATAJO (por agencia territorial de acceso a la Justicia), la directora Myrna Tamer relató el problema, que quedó asentado en un acta, que luego fue presentada ante autoridades judiciales (ver aparte).
«Estamos virtualmente encerrados. En este pasillo de 150 metros de largo, que da a la Avenida Antártida Argentina, frente a la terminal de ómnibus de Retiro, nosotros estamos al final. Y esto no es todo: de noche esto es una boca de lobo, no hay iluminación, el semáforo de la avenida no funciona, es un peligro cruzar», advierte la preceptora.
La presentación judicial dio origen a la causa Nº 20788/15, en trámite ante el juzgado Nacional en lo Correccional Nº 10, a cargo del juez Omar Osvaldo Fente. Interviene la Fiscalía Nº 10 del mismo fuero, cuya titular es la doctora Laura Belloqui. De acuerdo a lo normado por el artículo 196 bis del CPPN, la instrucción fue delegada en la fiscalía. En el escrito, al que fueron adjuntadas fotografías que testimonian el apremio de la situación, las autoridades del colegio sólo solicitan que «con carácter urgente, se reabran los accesos con el objetivo de utilizarlos en el caso de una emergencia».
Hasta que fue interrumpido por el vallado que corta la vereda, los jóvenes utilizaban el descampado que se extiende desde donde termina el colegio hasta el monumento de los «Trabajadores del Ferrocarril del Estado a la Enseña Patria», para esparcimiento en las horas libres, especialmente durante el verano. Ahora ese enorme monumento, erigido hace varias décadas, sólo puede ser admirado por los funcionarios judiciales. Y el descampado, que los estudiantes convertían en una plaza, cambió por una exclusiva playa de estacionamiento para jueces, fiscales y camaristas federales. «
Un atajo a la justicia
Ante la insensibilidad de las autoridades judiciales del edificio de Comodoro Py, la directora del colegio secundario, Myrna Tamer, recurrió al programa ATAJO, del Ministerio Público Fiscal. Ese programa, de acceso a la justicia, tiene presencia efectiva en cinco villas y barrios carenciados de la ciudad de Buenos Aires (villas 31, de Retiro; 1-11-14, Bajo Flores; 20, Lugano; 21-24, Barracas; y Barrio Mitre, en Saavedra), además de representaciones en Rosario y Mar del Plata. Desde hace unas semanas, atiende también las demandas jurídicas y sociales que hace la población más vulnerable de la sociedad porteña, en un ATAJO móvil, que recorre la villa 15, en Lugano-Mataderos, y en el Centro de Acceso a la Justicia ubicado en el barrio de Once. El programa lo dirige el abogado y poeta Julián Axat. Funciona desde marzo del año pasado, y es a esta altura una de las marcas de la gestión inclusiva y profundamente renovadora de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, de quien dependen los ATAJO. El propósito del programa es volver a las víctimas del sistema de exclusión, sujetos del sistema judicial, protagonistas, y ya no más objeto del eterno rigor punitivo para con los pobres.
Basura acumulada
Si algún día hiciera falta, el vallado que divide la escuela de los tribunales de Comodoro Py podría impedir el ingreso de ambulancias o camiones de bomberos. Pero otro perjuicio ocurre aquí y ahora: la imposibilidad de que el camión que recoge la basura se acerque hasta la puerta de la escuela secundaria. Debido a la verja, las unidades recolectoras de residuos se detienen sobre la Avenida Antártida Argentina, y los hombres que trabajan cargando los desperdicios deben caminar los 80 metros que hay hasta la puerta de la escuela, para recoger las bolsas y trasladarlas manualmente hasta los camiones. Si bien el contrato para el servicio de higiene urbana contempla la necesidad de proveer un servicio de calidad, especialmente en las zonas vulnerables, no siempre se cumple. Entre otras obligaciones, las empresas deben recoger dos veces por día y seis veces por semana, instalar cestos papeleros en las veredas e higienizar periódicamente los contenedores. La imagen habla por sí sola: una decena de bolsas de basura, silenciosas y malolientes, yace desde hace dos días en la puerta de entrada a la escuela media Padre Carlos Mugica, en la mañana de un día cualquiera de clases, mientras alumnos y docentes las esquivan para ir a los cursos.
Claustro
Causa
La presentación dio origen a la causa Nº 20788/15, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 10, del juez Omar Fente. La instrucción está a cargo de la fiscal Laura Belloqui, del mismo fuero.