Desde la UTE repudiamos la modificación del artículo 10° de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo, que elimina la participación del Estado Nacional – a través de la Secretaría de Educación de la Nación – de la negociación del salario mínimo docente.
Como plantea la CTERA, esta decisión representa un muy grave retroceso en materia de derechos laborales, atenta contra la paritaria nacional docente y viola el espíritu federal y democrático de nuestro sistema educativo.
Desde su sanción, el artículo 10° garantizó la intervención del Estado nacional como garante de un piso salarial para todxs lxs docentes del país. Esto implica desentenderse del derecho a un salario digno, fragmenta aún más el sistema educativo, y consagra la desigualdad.
Esta medida se inscribe en una política de vaciamiento del Estado, desfinanciamiento de la educación pública y desconocimiento de los derechos de lxs trabajadorxs de la educación, llevada adelante por un Gobierno que ha decidido abandonar su responsabilidad indelegable de garantizar el derecho social a la educación.
Desde UTE nos sumamos a la exigencia de la CTERA de la derogación inmediata de esta modificación y convocamos a las comunidades educativas y a la sociedad en su conjunto a defender la educación pública y el rol del Estado nacional como su garante.