Las autoridades porteñas decidieron la apertura de algunas escuelas y colegios para garantizar la vinculación de estudiantes no conectados como de estudiantes del último año de la primaria y de la secundaria, mientras la pandemia del Covid-19 genera preocupación por las cifras de muertos y contagios en la Ciudad, como en todo el país. «CTERA fue muy clara desde el primer momento: la vuelta a clases en forma presencial debe darse cuando haya nulo o bajo nivel de contagios, cuando las escuelas estén en condiciones sanitarias y epidemiológicas adecuadas, cuando haya insumos de higiene y personal suficiente. Ni las puestas en escena en patios abiertos con algunas sombrillas, ni los famosos semáforos pueden tomarse en serio», afirmó Sonia Alesso, secretaria general de CTERA.
En tiempos de un explosivo desarrollo de la pandemia mundial de coronavirus con la aparición de nuevos rebrotes en numerosos países europeos y enormes dificultades en las naciones latinoamericanas, los Estados Unidos y el Canadá, en la capital de la Argentina las autoridades del Gobierno de la Ciudad volvieron a la carga con la idea de sostener un aperturismo en el ámbito educativo a la que la ministra Soledad Acuña y sus funcionarios denominan la revinculación de aquellos estudiantes sin conectividad alguna. El pasado martes 13 de octubre, Horacio Rodríguez Larreta logró obtener la foto tan deseada que multiplicaron en su difusión los medios de comunicación y las redes sociales. Fue en una escuela técnica del barrio de Villa Real (la Técnica 35 Ingeniero Latzina), con bancos y sillas en el patio escolar con estudiantes ubicados a distancia bajo un sol abrasador junto a un docente, en una imagen que despertó reacciones adversas en la comunidad educativa porteña.
El semanario dominical Tiempo Argentino informó que «de los 922 alumnos citados de sexto año, que finalizan el ciclo, en la primera semana sólo participaron 137, evidenciando el rechazo de las familias a las clases presenciales en pandemia». Eduardo López, referente gremial de UTE sostuvo que «el Ministerio de Educación de la Nación decidió ceder la responsabilidad de las aperturas a las provincias en base a negociaciones políticas. Pero no tuvo en cuenta a los docentes, a los alumnos, ni su salud. El ministro Nicolás Trotta le liberó la zona a Larreta en la Ciudad y le permitió avanzar. Nosotros ahora vamos a pedir un hábeas data para que la Ciudad informe los muertos reales que hay a octubre, para que las decisiones se tomen con datos actualizados».
La resolución adoptada por el Consejo Federal de Educación permitió a las autoridades porteñas avanzar en la organización de actividades educativas no escolares (artísticas, deportivas, recreativas, de apoyo escolar u otras) destinadas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en grupos de no más de diez (10) personas, preferentemente al aire libre, en las condiciones de seguridad sanitaria establecidas en la normativa de emergencia. Desde el sindicato Ademys se expresó que «denunciamos que es una absoluta irresponsabilidad la política que se lleva adelante; que el grado de indefinición y vaguedad de las medidas refleja que no hay ninguna preocupación por la seguridad y la salud de docentes y estudiantes».
También, se le permitió a Larreta «poner en funcionamiento las instituciones educativas con presencia de equipos directivos y docentes, y no docentes cuya asistencia no requiera traslados interurbanos o interjurisdiccionales para desplegar actividades administrativas, de distribución de materiales y de orientación e intercambio con familias y estudiantes». Ademys señaló que «no puede recaer sobre las conducciones escolares la responsabilidad de llevar este procedimiento adelante y que es gravísimo que ni siquiera se garantice que sean eximidos/as quienes tienen niños/as a cargo o conviven con personas de riesgo». Adriana Puiggros, reconocida pedagoga de vasta trayectoria en el campo de la educación y ex viceministra de la cartera nacional que conduce Nicolás Trotta, manifestó al periódico digital El Grito del Sur que «cuando se abren las escuelas, se movilizan también el transporte, los kioscos, las papelerías de alrededor y todos los adultos primero para llevar a los chicos a las escuelas y después para ir al trabajo. Es una medida más publicitaria que otra cosa porque nadie puede pensar que, si se estuvo trabajando de manera virtual durante estos meses, tengan en el último mes que abrir las escuelas».
Desde la Escuela Media 1 Julieta Lanteri, en el distrito escolar 7, hicieron un llamado, «señora ministra, los docentes afirmamos que sostener este tipo de acciones que pretenden demostrar que la capital puede seguir abriendo espacios con el riesgo de contagiar a una mayor cantidad de personas y saturar el sistema sanitario, en un contexto de amesetamiento de casos, pero sin un descenso de la curva de contagios representa un peligro para toda la comunidad educativa y para la sociedad».
Por otra parte, el gobierno nacional le dio la posibilidad de «organizar actividades presenciales de cierre del año lectivo para estudiantes del último año de nivel primario, de nivel secundario y de nivel superior». Para Eduardo López, «El marketing de Larreta pone en riesgo la salud e interrumpe el proceso educativo iniciado en marzo, no avalamos esta pedagogía de la crueldad, seguimos reclamando las computadoras».
Dos meses de diferencias
El sistema educativo público porteño no pudo establecer relación pedagógica alguna con un indeterminado número de estudiantes que las propias autoridades reconocieron, aunque su número fue parte de una dura puja con el ministro de la cartera educativa nacional, Nicolás Trotta. Primero se habló de 1.500 jóvenes, luego 5.100, y finalmente se afirmó que 6.500 era el número de alumnos y alumnas que los funcionarios porteños admitieron como desenchufados del sistema en tiempos del Covid-19.
Durante los meses de agosto y septiembre, a medida que Larreta impulsaba la apertura de bares, comercios y liberaba las actividades al aire libre bajo «estrictos protocolos» según repetían una y otra vez ante las cámaras y micrófonos de los medios de comunicación, mientras en cada una de las escuelas y colegios del sistema educativo de la Ciudad se sucedían las asambleas virtuales de docentes, padres y estudiantes con pronunciamientos de rechazo a la postura aperturista de la ministra Soledad Acuña. En cada una de las reuniones se afirmó la inviabilidad de abrir las escuelas exponiendo al contagio a estudiantes, maestros y profesores, personal no docente, y la necesidad de entrega de esas computadoras para que cada alumno estudie desde su hogar, en forma segura y protegida.
Desde el Cens 64 del distrito escolar 20 se expresó que «la solución para los estudiantes sin conexión o con conexión intermitente, es poseer conexión y dotar a cada alumno de una computadora; esto debió ser una prioridad de la gestión, advertida por la docencia desde el comienzo de esta difícil etapa e históricamente reclamada por la modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos».
El ministro nacional Nicolás Trotta mantuvo constantes y reiterados espadeos mediáticos con su par de la Ciudad de Buenos Aires, aunque paulatinamente se instalaba la lógica de la apertura gradual de las escuelas en detrimento de la idea inicial de sacar los pupitres a las plazas o en el espacio público callejero como se había pretendido instalar a la opinión pública, en paralelo a la vuelta de las actividades del comercio y profesionales en la Ciudad. Trotta declaró ante El Destape Web que «le pedimos a la Ciudad la nómina de los 6.500 chicos que necesitan las computadoras, no queremos exponer a los chicos al riesgo de concurrir a las escuelas en el lugar donde más circulación hay del virus. No plantean clases, sino que los chicos tengan 2 o 3 encuentros por semana en las plazas».
En la nota periodística, el ministro reiteró la postura de su ministerio, «nosotros pensamos que lo mejor es que la escuela se acerque a los hogares de los 6500 chicos que no tienen computadoras». Trotta dijo que «ya tuvimos 2 reuniones de trabajo con la ciudad, pero todavía no tenemos la información de los chicos y chicas que necesitan las computadoras. Si la ciudad nos da los nombres en 48 horas estaríamos en condiciones de repartir las computadoras».
Desde la Ciudad una y otra vez se afirmó la existencia de protocolos, que nunca fueron debatidos por supervisores y, menos aún, por los 17 sindicatos que forman parte de la variopinta representación sindical de la docencia porteña. Días atrás se difundió en las redes sociales un inédito pronunciamiento de los supervisores de todas las modalidades y áreas de educación de CABA que «el protocolo presentado no constituye una propuesta pedagógica, no fue consultada ni construida con el cuerpo de Supervisores, y la misma presenta un sinnúmero de puntos objetables, que dan cuenta de la forma unilateral en la que fue diseñada». En el comunicado se afirmó que «hemos asistido perplejos a tres propuestas de las que nos anoticiamos por los medios de comunicación, todas ellas insisten con una revinculación presencial de los alumnos y alumnas más postergados, que desconocen la emergencia sanitaria y el riesgo que implica para docentes y estudiantes».
En los primeros días de octubre se dio un cambio en la postura de la cartera educativa nacional que se tradujo en la resolución 370 del Consejo Federal de Educación aprobada por unanimidad entre los representantes educativos de todo el país. Dicha resolución establece que las autoridades sanitarias y educativas de cada jurisdicción evaluarán la posibilidad de reanudar actividades educativas presenciales por localidades, comunas, municipios, departamentos y/o regiones que componen la jurisdicción, conforme a la disponibilidad de información sanitaria desagregada de riesgo para el desarrollo de actividades presenciales en las escuelas en el contexto del COVID-19.
La cartera educativa nacional cedió a la presión de las autoridades del Gobierno de la Ciudad y de los medios nacionales de comunicación que sin mediar mayores argumentos que el deseo de una vuelta a la normalidad que incluyera al sistema educativo porteño. En sentido contrario se expresó la comunidad educativa del Colegio 4 Nicolás Avellaneda, del distrito escolar 9, «el anuncio de apertura no sólo contradice los datos epidemiológicos que señalan la circulación social del virus como el principal agente de contagio y que se encuentra en un pico en la jurisdicción, sino también que contradice la experiencia de países como Israel, Francia y Alemania que tuvieron que volver sobre sus pasos tras reanudarse los contagios y la de Jujuy que el 15 de junio abrió unos días y hoy está colapsado su sistema sanitario».
Desde la Escuela 24 Dr. Pedro Torres, del distrito escolar 11, la comunidad docente se preguntó acerca de lo que sucedió con aquellos lugares que abrieron las escuelas, «el primer ejemplo es Israel; ahí la apertura de las escuelas a fines de mayo generó el mayor brote de contagios que se había dado hasta ese momento en Jerusalén, lo que llevó a cerrar de nuevo más de 240 escuelas y puso en cuarentena a más de 22.520 maestros y estudiantes. Para finales de junio, 977 alumnos y docentes se habían contagiado el coronavirus».
El caso alemán fue destacado por maestras y maestros de la escuela ubicada en el barrio de Caballito, «ahí las escuelas abrieron a principios de agosto, pero apenas en cinco días dos escuelas en el norte del país tuvieron que cerrar después de que se detectaran dos casos de infectados por COVID-19». Durante el encuentro a distancia se hizo referencia a otros ejemplos, «incluso en China, el país que reabrió las escuelas muy temprano, un rebrote del virus llevó a suspender las clases en la capital del país. En Argentina la provincia de San Juan, que había implementado el regreso a las clases presenciales recientemente, debió hacer marcha atrás ante un rebrote de contagios»
Con la resolución del Consejo Federal de Educación sobre la mesa, de inmediato las autoridades educativas y de salud de la Ciudad aprobaron la «realización de actividades no escolares destinadas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, la puesta en funcionamiento de las instituciones educativas con presencia de equipo directivo, docentes y no docentes para, entre otras, desplegar actividades de orientación e intercambio con familias y estudiantes, y las actividades presenciales de cierre del año lectivo para estudiantes del último año de nivel primario y secundario, todo ello en el marco de la Resolución 370».
La reacción de los sindicatos no se hizo esperar. UTE, Ademys y UDA fueron las primeras organizaciones gremiales que salieron a cuestionar el aperturismo de Larreta y Acuña en CABA. En el ámbito nacional, la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación (CTERA) realizó un plenario de secretarios generales de las entidades de base de la organización gremial en la que «rechaza la implementación de la resolución 370 y exige a las autoridades que respeten los parámetros sanitarios e epidemiológicos establecidos, a saber nula o baja circulación del virus, los protocolos correspondientes, las condiciones de salud y seguridad de trabajadores/as y estudiantes, las condiciones de infraestructura adecuadas y el consenso necesario en cada jurisdicción». A su vez, CTERA exigió «la provisión urgente de conectividad y equipamiento tecnológicos a estudiantes y docentes para garantizar la continuidad de los procesos de enseñanza aprendizaje».
Sin tregua
La Argentina atraviesa la etapa más crítica de la pandemia del Covid-19, con su área metropolitana AMBA (integrada por la CABA y el Conurbano) con una elevada meseta en la cifra de contagios. La Ciudad mantiene un número contante de 800 casos diarios aproximadamente, un dato de escasa difusión por parte de los medios de comunicación, con un 60 por ciento de ocupación de las camas de terapia intensiva. A nivel nacional impresionan los datos de la circulación y expansión del virus, en áreas y regiones de la extensa geografía nacional, el sistema de salud se muestra en peligro de colapso, pero para las autoridades porteñas esos datos no resultan suficientes. Frente a esta situación y a la espera de la producción de una vacuna contra el coronavirus, la comunidad científica en todo el mundo reconoce que la única forma de cuidado es el distanciamiento social, el hecho de quedarse en las casas, de no circular ni estar presente en espacios cerrados en contacto con personas ajenas a la convivencia cotidiana.
«Nuestra posición es completamente pedagógica, y como tal, busca velar por el cumplimiento igualitario del derecho a la educación de calidad para todos los estudiantes de todas las modalidades del ministerio, convencidos y convencidas de que la mejor y única revinculación posible, empieza por asegurar las condiciones materiales para estudiar de manera tal de volver a incluir a los más postergados a la red de socialización y contención que es la escuela pública» advertía el pronunciamiento de los supervisores escolares de la Ciudad.
A pesar de los datos sanitarios y de las exigencias de las autoridades nacionales, el Jefe de Gobierno de la Ciudad anunció en agosto de manera unilateral el regreso a las escuelas argumentando la existencia de 5.100 alumnos y alumnas que «hay que ir a buscar a sus casas y vincularlos a sus escuelas» en palabras de Rodríguez Larreta, «van a poder ir a la escuela, de una manera bien cuidada…y las madres van a poder recuperar el tiempo».
La máxima autoridad política porteña pareció desconocer que desde el inicio de la cuarentena cada escuela, cada colegio salió a conectarse con sus estudiantes de la manera y la forma que estuvo al alcance de cada comunidad escolar sin la provisión de soporte tecnológico de conectividad y de netbooks, la ausencia de una plataforma educativa pública ni la provisión de materiales impresos para aquellas familias con dificultades de conectividad y carencia de computadoras. La comunidad educativa de la Escuela 24 Pedro Torres, en el barrio de Caballito, respondió a Larreta cuáles fueron los mayores retos a la hora de garantizar en tiempos de pandemia la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes ante el cierre de las escuelas.
«Fue transformar el modelo presencial a modelos de educación a distancia, esta transformación la debimos llevar adelante entre docentes, alumnos y familias, nos pusimos a la par, codo a codo, afianzando más que nunca el concepto de comunidad; los docentes aprendiendo a hacerlo mientras lo hacíamos, sin haber tenido una preparación para ello, valiéndonos del aprendizaje de años de transitar la Escuela Pública y de los lazos vinculares logrados en este transitar con nuestros alumnos y sus familias; además de la necesidad de disponer de conectividad y, en muchos casos, equipamientos tecnológicos propios», expresaba el documento escolar.
«No fue fácil reinventarnos, pero lo hicimos, y también lo hicieron nuestros alumnos. Lo único que le pedimos desde el primer día al Gobierno de la Ciudad fue que garantizara la conectividad y equipamiento a docentes y alumnos para poder desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera segura y continua, garantizando el derecho a la educación. A seis meses de este reclamo la respuesta es reabrir las escuelas en pleno pico de pandemia y exponernos al contagio a todos», expusieron desde la Escuela 24 ubicada en el distrito escolar 11.
Una multitudinaria asamblea de docentes de escuelas y colegios de los distritos escolares 7 y 14 argumentó que «hemos tenido que adaptarnos a nuevas metodologías y estrategias para poder llegar a cada alumno, tanto sea por correo electrónico, WhatsApp, Edmodo, Padlet e imprimiendo cuadernillos de estudios; ocupando más tiempo en la preparación de clases, utilizando nuestros propios recursos y poniendo el cuerpo en cada entrega de alimentos que se llevó adelante durante este período, muchas veces sin contar con los elementos de protección básicos». Se aclaró que «hemos sido también quienes hasta el momento seguimos sosteniendo la escuela pública junto a nuestras conducciones y supervisiones, hemos sido nosotros quienes en este contexto nos comunicamos con nuestros alumnos muchas veces desde nuestros dispositivos para brindar ese afecto que el distanciamiento no nos permite».
Las críticas a las autoridades porteñas en su relación con los sectores más postergados de la sociedad no se hicieron esperar en la comunidad educativa de la Ciudad, con la lupa puesta en las familias con floja conectividad y la adquisición de netbooks quienes debían exponerse al contagio del coronavirus como podía desprenderse de las declaraciones de la ministra Soledad Acuña. En repetidas ocasiones sostuvo que aquellos estudiantes que carezcan de equipos o no tengan internet tendrían que sacar turno para usar las escasas computadoras con que cuentan las escuelas y colegios bajo la forma de las aulas digitales diseñadas y armadas más para el marketing que para la cobertura de las necesidades de la población estudiantil.
Con la fortaleza del compromiso y del trabajo que despliegan en el territorio, los Equipos de Apoyo de Educación firmaron un pronunciamiento. «El Gobierno de la Ciudad debe proveer conectividad y recursos tecnológicos para garantizar la educación de todos, en igualdad de condiciones. Resulta pertinente señalar la discriminación que estas medidas implican para los sectores más vulnerados, ya que promueven que las escuelas se conviertan en un cyber para niños, niñas y jóvenes sin recursos tecnológicos; en lugar de garantizar la igualdad de derechos y las condiciones básicas para lograr que la comunidad educativa pueda continuar con las medidas de cuidado integral de la salud mientras se garantiza el derecho a la educación. Esto generaría circuitos educativos diferenciados, segmentados y estratificados por clases; lo cual atenta contra los principios de inclusión educativa, que es nuestro eje principal de trabajo».
Brechas y desigualdades
La pandemia del Covid-19 puso al descubierto la enorme brecha social y educativa, que en la Ciudad se traduce en miles de niños y adolescentes que tienen enormes dificultades para acceder a una computadora y a la conexión a internet. La CABA en los últimos años reemplazó a los gabinetes informáticos de las escuelas, desmantelados con la aparición del Plan Sarmiento pensado para la primaria con la entrega de netbooks a cada alumno como contrapartida al Programa Conectar Igualdad ideado durante la gestión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner para la entrega de computadoras a cada estudiante secundario. Los chicos y chicas de la primaria perdieron la posibilidad de tener su aparato, al tiempo que los docentes de la Escuela 2 José María Gutiérrez, en el distrito escolar 6, recordaron en su declaración que «tampoco están reparando las que lo necesitan».
Durante la presidencia de Mauricio Macri se desmanteló a Conectar Igualdad dejándose de proveer a los estudiantes secundarios de su netbook. El reemplazo de la entrega de aparatos por el armado de costosas aulas tecnológicas en cada escuela, en cada colegio, al estilo de las viejas aulas de computación, espacios con baja posibilidad de ventilación, creados de manera improvisada y poco acondicionada, demostró en tiempos de urgencia sanitaria la inutilidad pedagógica y la ampliación de las diferencias sociales en el distrito más rico de la Argentina.
En el Colegio 19 de Villa Devoto, como sucede en un buen número de instituciones educativas del distrito ciudadano, un importante porcentaje de la matrícula escolar vive fuera de la jurisdicción, por lo que frente a las restricciones a la circulación y al uso del transporte público reservado a trabajadores de las actividades esenciales, la medida generaría enormes situaciones de discriminación. La asistencia de alumnos cuyos padres no pueden concurrir a retirarlos en jornadas con horarios adaptados es otro punto que las autoridades pasaron por alto. Facilitadores pedagógicos digitales y asesores pedagógicos que se desempeñan en el distrito escolar 5 dijeron en una nota que «esta posible apertura de escuelas implica inevitablemente un aumento en el uso del transporte público para docentes, personal no docente, alumnos, alumnas, estudiantes y familias. De esta forma, no solamente expondremos nuestra salud y nuestras vidas, sino las de toda la comunidad educativa y las de la población en general, siendo posibles agentes transmisores del virus».
En el mismo sentido se expresaron facilitadores pedagógicos digitales y asesores pedagógicos de escuelas del distrito escolar 18, «cualquier tipo de apertura implicaría un aumento en el uso del transporte público para docentes, personal no docente, estudiantes y familias, muchos de los cuales provienen de la provincia de Buenos Aires. Además de quedar expuesta nuestra propia salud y exponemos también a la comunidad educativa y a la población en general, siendo posibles agentes transmisores del virus». La misiva acotó que «muchos docentes cumplen sus funciones en varias escuelas aún de distintos distritos, pudiéndose convertir en vectores multiplicadores del virus en diversas comunidades educativas. De implementarse este protocolo el volumen de circulación aumentaría exponencialmente y afectaría aún más en los barrios más expuestos, con más carencias y con menores condiciones de salubridad (falta de agua potable, cortes de luz, etc.)».
Escuelas en problemas
En una abierta crítica al comportamiento de las autoridades de la cartera educativa porteña en medio de cuarentena obligatoria, un documento suscripto por directores de todas las escuelas primarias de los distritos escolares 1, 4, 7 y 18 detalló que «la recarga administrativa aumentó considerablemente y necesitamos en forma urgente que se nos permita expresar y pensar estrategias conjuntas para generar dispositivos para lograr atender la diversidad de situaciones que se nos van a presentar a futuro con nuestras familias y niños. Las conducciones tienen que atender a este particular momento pedagógico y apoyar a sus docentes y alumnos».
«Observamos una falta de condiciones de salubridad básicas en las escuelas. Existe una escasez de insumos de limpieza necesarios, que deben ser utilizados en mayor proporción durante esta situación de emergencia sanitaria. Antes del aislamiento, aún con la declaración de la pandemia por coronavirus, las escuelas del distrito en su mayoría no contaban con jabón en los baños y sus condiciones de higiene y limpieza seguían afectadas en muchos casos por falta de personal auxiliar», sentenció la declaración de los facilitadores pedagógicos digitales y asesores pedagógicos del distrito escolar 21 que abarca los barrios populares de Villa Lugano y Villa Riachuelo. La nota afirmó que «sin condiciones de higiene adecuadas se pone en riesgo a toda la comunidad educativa y podemos ser agentes de contagio fuera de la escuela».
No sólo genera preocupación y rechazo la medida de vuelta a las escuelas por parte de niños y adolescentes. También, por las comunidades docentes y no docentes. Las carencias de no contar con los equipamientos necesarios para tomar las medidas de prevención para el ingreso a los edificios (termómetros sin contacto y alfombras sanitarias, por ejemplo). Tampoco el GCBA toma en cuenta la existencia de una gran cantidad de docentes, como del personal de limpieza y de no docentes abocados a funciones de secretaría, en situación de excepcionalidad, conforme a lo establecido por la normativa vigente en cuarentena, compromete severamente la asistencia de personas pertenecientes a la institución con su función específica y a cargo de los alumnos mientras estén en el establecimiento, para poder garantizar la atención a los niños y niñas.
Desde el Colegio 19 Luis Pasteur, en el distrito escolar 17, le recordaron a Rodríguez Larreta que «tampoco los edificios escolares se encuentran en condiciones sanitarias, de higiene y seguridad para ser reabiertos. Previo a la pandemia las comunidades educativas han denunciado hasta el hartazgo la crisis de infraestructura escolar, la falta de mantenimiento, desinfección, insumos y personal auxiliar de limpieza». Sus colegas de la Escuela Media 2 Arturo Jauretche, en el distrito escolar 19 aseveraron que «el cuerpo auxiliar no se encuentra capacitado para llevar a cabo la limpieza diaria adecuada en esta situación de pandemia».
En una asamblea a distancia de la comunidad docente del Liceo 4 Remedios de Escalada de San Martín se expuso que «el gobierno no ha puesto en marcha ningún tipo de medida de reacondicionamiento edilicio en las escuelas. En nombre de la emergencia económica, tampoco envía un solo peso a las escuelas para la compra de insumos para la higiene cotidiana. Hace años que exigimos mejoras edilicias para el buen desarrollo de las actividades presenciales. Nuestros reclamos son históricos entre los cuales hemos pedido mejoras edilicias, que se mejoren los problemas de inundación, elementos de ventilación en preceptorías por nombrar solo algunos de los pedidos».
Las voces críticas en las diferentes comunidades educativas de la Ciudad pusieron sobre la mesa otra de sus preocupaciones, como «la posibilidad concreta que docentes no exceptuados necesiten usufructuar licencias médicas de curso habitual, acentuaría los problemas sobre equipos docentes ya diezmados. La réplica de esta situación en las magras Plantas Funcionales de Personal Auxiliar lo cual impide garantizar las condiciones de higiene básicas para iniciar y desarrollar la jornada escolar». Ese fue el planteo del consejo de rectores de establecimientos secundarios de los distritos 15, 16 y 17, en los barrios de Villa Devoto, Villa Real, Villa del Parque, Villa Pueyrredón, Parque Chas, Agronomía, Villa Ortúzar, Coghlan, Saavedra y Villa Urquiza, quienes confirmaron «la existencia de una gran cantidad de docentes, tanto de ejecución como de conducción, en situación de excepcionalidad conforme a lo establecido por el Decreto 147 y anexos, que compromete severamente la presencialidad».
La educación pública de la Ciudad registra escuelas y colegios con notorios problemas de infraestructura, con la imposibilidad de asegurar el distanciamiento social en todos los ámbitos de la escuela. Los científicos reconocen que el distanciamiento sólo reduce (no evita) los riesgos de contagio, en tanto el virus tiene la capacidad de permanecer suspendido en el aire. El caso del Lenguas Vivas «Juan Ramón Fernández», del barrio de Retiro, fue explicitado por los docentes en una reunión virtual, «nos pronunciamos en contra de la resolución mediante la cual el GCBA resuelve reabrir las escuelas como espacios digitales, en un claro intento de disimular la desidia y el desfinanciamiento que guía sus políticas educativas desde hace ya demasiados años».
«Quienes transitamos las escuelas sabemos de las problemáticas edilicias que presentan. Desde el Comercial 4 hace años que exigimos mejoras en el inmueble para el buen desarrollo de las actividades presenciales. Nuestros reclamos son históricos y van desde un tendido eléctrico nuevo para que se deje de contar la luz hasta la construcción de baños y espacios porque no alcanzan los que tenemos; por nombrar solo algunos de los pedidos», reza una resolución emitida por docentes de la Escuela de Comercio 4 Baldomero Fernández Moreno, en el distrito escolar 4, en San Telmo.
La Escuela 7 Juan de Garay, correspondiente el distrito escolar 5 en Barracas, es todo un ejemplo de la falta de inversión escolar por parte de las autoridades porteñas. Un encuentro virtual de sus maestros y maestras apuntó que «nuestra escuela, que alberga cerca de 800 niños de una de las zonas más vulnerables de la Ciudad, tiene una caldera obsoleta que el año pasado casi nos intoxica a todos, hoy reparada precariamente; ventanas a las que él óxido y la corrosión devenida de años de no atención han deformado y hoy no pueden cerrarse; baños destruidos; goteras en todo el edificio; problemas eléctricos de todo tipo».
«En una escuela como la nuestra, con espacios que se inundan, con falta de mantenimiento en las estufas que provocó la intoxicación con monóxido de estudiantes y docentes hace poco más de un año, en la que se expuso al personal y los estudiantes a la remoción de material con asbesto sin seguir el protocolo establecido para tales casos; en una escuela en la cual los días de entrega de bolsones de alimentos todo el personal que asiste debe costearse los insumos para sanitizar y protegerse del virus, situaciones todas que son comunes a la mayoría de las escuelas, nos preguntamos con qué criterio epidemiológico el GCBA contempla la apertura de las escuelas públicas, edificios que están en pésimas condiciones para el desarrollo de las tareas cotidianas en tiempos no pandémicos, desestimando, además, que nuestro distrito continúa en el pico de contagio y de circulación comunitaria del covid-19», advirtió el pronunciamiento del Lenguas Vivas.
Otra respuesta llegó desde los docentes del Liceo 5 Pascual Guaglianone, del barrio de Flores, quienes afirmaron que «la idea de que podemos retornar a la escuela bajo el argumento de la imposición de protocolos se basa en un total desconocimiento de la verdadera infraestructura de nuestras escuelas y de cómo es, en el plano concreto del día a día, el contacto con nuestros alumnos. Basándonos en la experiencia real podemos afirmar que nuestra escuela, como tantas otras, no cuenta con grandes espacios en los que se pueda garantizar el distanciamiento social, el personal no dispone de baños con ventilación y condiciones que permitan acceder con distanciamiento, los pasillos son estrechos. El personal de limpieza no resulta suficiente para las tareas que se deberían realizar, entre otras cosas».
Las supervisoras de jardines de infantes pertenecientes a los distritos escolares 5, 6, 7, 11, 17 y 21 denunciaron que «la falta de recursos materiales, elementos de limpieza y escaso personal auxiliar». Aseguraron que «lamentablemente, no se produce por una situación inédita como la pandemia, es una realidad que se vive a diario desde hace muchos años en las escuelas, sin olvidar la ausencia de FUDE (Fondo Único de Escuelas) y/o Caja Chica que hubieran resultado recursos esenciales en este contexto».
En síntesis
CTERA emitió una declaración difundida a la prensa, «las experiencias en el mundo muestran que la apertura de escuelas en contexto de pandemia con determinada circulación del virus, han multiplicado los contagios y favorecieron un nuevo brote en los países donde habían definido la vuelta a las escuelas en forma presencial. También, que en dichos países se tuvo que retroceder y cerrar escuelas con el riesgo que eso significa para la salud y el costo socio sanitario para la población en general. Entendemos que no están dadas las condiciones para el regreso a las aulas, ni de manera parcial, en forma escalonada o en cualquiera de sus modalidades, tal como quedó establecido y acordado en las reuniones del Consejo Federal de Educación para todas las jurisdicciones de la Argentina».
Del lado de UDA Capital, el gremio que forma parte de la estructura de la CGT, se definió que «exigimos que se cumplan todas las condiciones de higiene y seguridad sanitaria para preservar la salud de docentes y alumnos. Cabe aclarar que para estos últimos la asistencia no es obligatoria. No avalaremos ninguna instancia educativa en donde las condiciones mencionadas no estén garantizadas. Y en los casos que no haya garantías, llamaremos a no ejercer la actividad».
La desigualdad educativa que representa la desconexión y la conectividad limitada por parte de 6.500 estudiantes y sus familias, junto a la carencia de computadoras, no se resuelve ni estigmatizando ni exponiendo a quienes menos tienen a riesgos sanitarios enviándolos a conectarse a la escuela, al colegio. La solución es que cada estudiante y cada docente posea los dispositivos y cuente con la conexión a la red internet. Sólo será posible con políticas públicas que equiparen las condiciones y garanticen esos derechos. No tener acceso a la conectividad no es un problema de aprendizaje, es un derecho.
La Unión de Trabajadores de la Educación, cuya secretaría general está a cargo de la supervisora de educación especial Angélica Graciano, difundió una gacetilla de prensa que expresa que «esta supuesta revinculación afectiva/recreativa/optativa, no sólo no resuelve la continuidad pedagógica, sino que conspira contra las trayectorias educativas ya que a través de los dispositivos docentes y estudiantes estamos atravesando distintas etapas de aprendizaje, incluso con evaluación y acreditación de saberes». Así lo hicieron saber en una declaración conjunta los supervisores y las conducciones de las escuelas del distrito escolar 9, «los niños y las niñas están sin clases, menospreciando los esfuerzos, reconocidos públicamente en otras oportunidades por los funcionarios del mismo ministerio, respecto a la tarea realizada por los docentes para mantener el vínculo social y pedagógico con los estudiantes y sus familias».
«A las graves condiciones epidemiológicas actuales y al retraso inexplicable en la carga de personas fallecidas por COVID en la Ciudad de Buenos Aires, se suma el pésimo estado de la infraestructura escolar y las fallas en materia de seguridad e higiene para realizar actividades presenciales. Esta situación no se revierte con publicidad sino con un aumento del presupuesto educativo y una fuerte inversión que ponga a la educación como prioridad», concluyó la nota emitida por la UTE.
«Es necesario escuchar a las voces de todas las comunidades. Somos muchísimas las que rechazamos esta apertura y a la par exigimos las condiciones básicas necesarias para poder sostener una trayectoria escolar mínima mientras no haya vacuna contra el virus y así nos sea posible volver a nuestra querida escuela», según el pronunciamiento de los docentes de la Escuela de Educación Media 1 Rodolfo Walsh, del distrito escolar 16. Una declaración que comparten trabajadores de la educación de todos los niveles y modalidades de la educación pública porteña.
Sin lugar a duda, una sensación cruza a todas las escuelas y colegios de la Ciudad, como lo expuso una declaración de los directivos de las primarias del distrito 6 (Almagro, Balvanera, Boedo, Parque Patricios y San Cristóbal), «queremos y soñamos con los reencuentros, con los patios llenos de risas y juegos. Estamos dolidos y hay daños. Hay enfermos y hay aún mucha muerte. La vuelta no puede ser una improvisación que sume riesgos e incertidumbres. Trabajamos y seguiremos trabajando junto a nuestras Supervisiones para pensar y diseñar el retorno, desde una lógica de cuidado y potencia pedagógica. Poniendo la mirada en la vida y en la salud».
A coro, en cada una de las instituciones educativas, se levanta la voz de docentes y no docentes, estudiantes y familias que ansían volver a la presencialidad del día a día en aulas, patios y pasillos, con las condiciones sanitarias garantizadas. La Argentina que alcanzó el millón de contagios no parece ser el escenario más adecuado y seguro para que las escuelas abran sus puertas, ni siquiera de manera limitada. El reclamo de un Estado porteño presente que garantice la entrega de los recursos tecnológicos y la ampliación de las redes de wifi que lleguen a todos los hogares se enfrenta a decisiones políticas de corto plazo que exponen a los más vulnerables y profundizan la desigualdad. Un dilema que es ignorado por los medios hegemónicos y que buena parte de la sociedad parece mirar para otro lado.
Claudio Morales*