22.08.2014. Gracias a los votos de UNEN y de Graciela Ocaña, el macrismo obtuvo vía libre para crear el organismo que cuestionan los gremios.
Diego Igal
Cambios de último momento y una alianza con los diputados de UNEN y el bloque que preside Graciela Ocaña le permitieron ayer al PRO aprobar en la Legislatura porteña un proyecto de ley que se promociona para mejorar la calidad educativa del distrito, pero que ciertos diputados y referentes sindicales consideran una nueva embestida del macrismo contra la educación pública.
La norma votada crea la llamada Unidad de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa, que se declara descentralizada y con personería jurídica propia, pero que quedará en el ámbito del Ministerio de Educación, a cargo de Esteban Bullrich. Tiene como objetivo diseñar, desarrollar y coordinar la evaluación integral del sistema educativo del distrito porteño, uno de los pocos en el país sin ley de educación propia.
El año pasado el oficialismo no había podido darle curso a la iniciativa, pero esta vez fue diferente. Gracias a los 29 diputados del PRO, siete de UNEN, Ocaña y su compañera de bloque, Cristina García, el proyecto obtuvo 38 votos a favor y 21 en contra (el interbloque kirchnerista, del MST y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores y la diputada socialista Virginia González Gass; hubo tres ausencias) en un debate que duró algo más de tres horas y en el que hubo insultos desde las gradas -que tuvieron como blanco a Ocaña y al diputado Maximiliano Ferraro- y pancartas con las consignas «Macri-Bullrich, hay que evaluarlos a ustedes» y «Basta Macri de privatizar la educación». En el griterío y los cánticos -que obligaron a detener la sesión en varias oportunidades- también se recordó de manera irónica al ex legislador Sergio Abrevaya, a quien parte del gremio sindical acusa de haber votado a favor de la ley que cambió el estatuto docente por el actual cargo de presidente Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires.
Afuera del edificio legislativo se manifestaron los trabajadores de la educación y referentes de los principales sindicatos como UTE-CTERA, UDA, Sadop y UAMP, quienes por ahora no anunciaron ninguna medida de fuerza, como el paro de Ademys que se concretó ayer mismo. El secretario general de UTE, Eduardo López, opinó: «al Pro no le interesa en lo más mínimo la evaluación ni la educación, lo que hoy aprueban va a demostrar pronto su absoluto fracaso en términos educativos como ocurrió con la ley de juntas que a cuatro años de sancionada sigue sin aplicarse o la inscripción on line también destinada al papelón».
El texto de la ley aprobada fue redactado hasta último momento, tanto que la diputada Lorena Pokoik (FPV) fustigó que como vicepresidente primera de la comisión de Educación hubiese tenido sólo dos horas para debatirla y la compañera de bancada Gabriela Cerruti preguntó tras la votación en general qué era lo que se trataba. El legislador Gustavo Vera (Verde Alameda) presentó la moción de reservar el proyecto en secretaría y votarlo en otro momento, pero el PRO logró que se rechazara.
El legislador Pablo Ferreyra explicó que votaron en contra porque consideran que no se puede evaluar el sistema sin el contexto educativo y este instituto terceriza funciones propias del Estado y «disciplina a la comunidad educativa siguiendo la lógica del mercado».
El diputado Alejandro Bodart (MST-Nueva Izquierda) agregó: «No sé si se unirán para las elecciones, pero acá el PRO y UNEN votaron juntos este engendro privatista que va contra los docentes y la escuela pública. El bloque de UNEN sigue la línea de Elisa Carrió y la UCR de acordar con el PRO. Incluso, pese a los discursos de Pino Solanas, el diputado de Proyecto Sur votó a favor de esta ley de la ‘derecha moderna’».