Un legislador oficialista, con fuerte presencia territorial en la Comuna 11, denunció penalmente a la cooperadora de la Escuela de Educación Especial «Bartolomé Ayrolo», en un nuevo caso de persecución política a la comunidad educativa que resiste el avance de la inmobiliaria Pro.
El legislador porteño de la Coalición Cívica, Juan Facundo Del Gaiso, denunció penalmente a la cooperadora de la Escuela de Educación Especial (EEE) Nº 28 «Bartolomé Ayrolo» a la que asisten 450 personas sordomudas, por supuestos usos privados del Palacio Ceci, en medio de la “mesa de diálogo” entre el Gobierno de la Ciudad y la comunidad educativa, que se movilizó en reiteradas oportunidades este año para frenar el avance del Distrito del Vino sobre el histórico edificio ubicado en Villa Devoto donde funciona la escuela.
En la denuncia el legislador oficialista sostuvo que es necesario investigar por supuestos delitos de ‘Usurpación’, ‘Administración Fraudulenta’ y ‘Malversación de Caudales Públicos’ a los administradores de la Asociación cooperadora de la escuela dirigida por María Rosa López; a Diego Cabales, director del estudio de fotografía Diego Cabales y editor responsable de la Revista Devoto; y a otros administradores o terceros.
“Esto es una fake news para desprestigiar la lucha de la comunidad organizada», dijo a El Grito de Sur el Secretario de Educación Especial de Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Jorge Godoy.
Y completó: “En toda escuela la actividad que se haga para recaudar fondos se hace en el marco de la cooperadora, que tiene registro de toda actividad que genera un ingreso o una donación, todo está absolutamente documentado, esas actividades siempre tienen aprobación del ministerio de Educación, que tiene funcionarios encargados de las cooperadoras que observan los registros de ingresos y egresos, los balances, no es posible generar un ‘curro’ como dice el señor del Gaiso”.
Por su parte, Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, manifestó: «siempre que se avanza con decisiones de políticas urbanas que van a tener un alto impacto en la vida y en el ambiente de barrios sin participación ciudadana, genera conflictos y una resistencia ciudadana. Esto es lo que está sucediendo en la Comuna 11 con el avance del Distrito del Vino. Pero este caso es más grave, porque integrantes del Estado están armando denuncias penales a quienes son los primeros afectados concretos de las políticas del Distrito del Vino. La Democracia Participativa Ambiental debe imperar por sobre medidas de disciplinamiento social».
Del Gaido argumenta que “a través de conversaciones con vecinos del barrio Villa Devoto” tomó conocimiento de que en el inmueble “desarrollan actividades que nada tienen que ver con la educación pública y menos aún con la educación especializada en sordomudos” y menciona que entre ellas la filmación de películas, visitas guiadas organizadas, realización de comidas, talleres de fotografía, un festival en defensa del patrimonio, en beneficio de la Cooperadora.
En un comunicado difundido este jueves por la Comunidad Educativa de la Escuela y organizaciones como la Asociación Argentina de Sordos (ASO), la Confederación Argentina de Sordos (CAS) y el Colectivo Residentes Distrito Vino, entre otros, apuntaron que «el legislador no tuvo en cuenta que los usos realizados por productoras para filmar películas contaron con el permiso del Ministerio de Educación a través del sistema Baset, y que otros recursos que recibió la Cooperadora fueron donaciones para el mantenimiento del Palacio Ceci, que a pesar de ser un edificio patrimonialmente protegido fue abandonado por años por el GCBA que desatendió los insistentes reclamos de la dirección de la escuela”.
En la misma línea, el referente de UTE consideró que “frente a una comunidad que se organiza ante la vulneración de un derecho como es la del derecho a sostener un bien cultural que tiene que ver con la historia de la comunidad de las personas sordas, van a tirar -por Del Gaiso- este tipo de noticias y canalladas para desprestigiar la lucha y para que sus negocios inmobiliarios que sí curros estén por sobre el derecho de la ciudadanía”.
A fines de febrero se conoció que el Gobierno de la Ciudad quiere instalar en el Palacio Ceci un museo ligado al Distrito del Vino, iniciativa rechazada por el conjunto de la comunidad educativa que ya realizó al menos tres movilizaciones alrededor del edificio.
Desde el Observatorio recordaron además que Del Gaiso es el impulsor de la Ley N° 6447 que creó el Distrito del Vino: mecanismo mediante el cual la Ciudad le devuelve entre el 50% y el 75% de su inversión a aquellos empresarios/as que inviertan en la instalación de explotaciones comerciales relacionadas con el vino, a través de créditos impositivos. Es decir, “la población porteña prácticamente le regala estos recursos a privados”, apuntaron. A su vez denunciaron que se trata de una ley “inconstitucional” porque no se realizaron ninguna de las instancias de participación ciudadana obligatoria.
En la última movilización realizada por la comunidad sorda y vecinxs de Villa Devoto de hace una semana publicaron en la cuenta de instagram Palacio Ceci Devoto: “Nuestro barrio es la mesa de los negocios. Nosotros ponemos el patrimonio histórico y arquitectónico y nuestra identidad y no recibimos más que problemas, inseguridad, gentrificación, menos espacios públicos, más cortes de luz”.
Desde ese enfoque el Observatorio sostuvo que “criminalizan” a la comunidad educativa de la escuela y a habitantes de la comuna 11 para “disciplinar” la resistencia al distrito del vino que se incrementa semana a semana.
El comunicado fue firmado también por integrantes de la comunidad educativa de la “Escuela Bilingüe para Niños, Niñas, Jóvenes y Adultos con Discapacidad Auditiva y Formación Integral Nº 28 Prof. Bartolomé Ayrolo”; la Asociación Argentina de Sordos (ASO); Asociación Argentina de Sordas “Casa Hogar”; Confederación Argentina de Sordos – CAS; y el Colectivo Conciencia Urbana C11.
Allí pidieron además el acompañamiento de las asambleas de la ciudad y lxs habitantes de la Comuna N° 11 porque en estos barrios “se están realizando negocios inmobiliarios y comerciales que arrasan con la calidad de vida y la defensa de lo público; y amedrentan a la ciudadanía con persecuciones individualizadas para que el temor impida la defensa de la escuela pública y el ambiente urbano”.
Por último, el referente de UTE adelantó a El Grito que este viernes 1 de abril a las 14 en el salón Presidente Alfonsín de la Legislatura porteña en el marco de la Comisión de Discapacidad se van a plantear todos los avances en función del “recorte presupuestario en la modalidad de Educación Especial” que se manifiesta en distintos espacios de la ciudad.
Fuente: https://elgritodelsur.com.ar