El macrismo no pudo disciplinar a los trabajadores de ATE Ciudad

Absolucin-de-ATE

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El jueves 13 de noviembre la UTE estuvo en el Juzgado Contravencional Nº 10 de Tacuarí 138 para acompañar en la lectura de la sentencia a los compañeros Humberto Rodríguez, Secretario General Adjunto de ATE Capital, y Mariano Skliar, Delegado de Promoción Social de la CABA,  que fueron llevados a juicio por el macrismo por ejercer el legítimo derecho a huelga en  defensa de los intereses de los/as trabajadores/as.

Finalmente el Juez Gabriel Eduardo Vega absolvió a los compañeros de ATE perseguidos por el Gobierno de Macri por no encontrar motivos para su procesamiento.

La UTE, expresa su alegría y plantea que este es un nuevo fracaso por parte de Macri en su intento de disciplinar a los trabajadores que luchan por la defensa de los derechos de los sectores más vulnerados de la Ciudad y por la construcción de lo público.

 

Todo comenzó cuando tras 9 meses sin respuesta por parte de la paritaria central los/as trabajadores/as de la Subsecretaría de Promoción Social resolvieron realizar el 1 de agosto del 2013 un paro de 24 hs. con movilización a la sede central del organismo y permanecieron más de 5 horas en asamblea en el hall del edificio.

A partir de esa movilización, el GCBA a través del paritario central José María Orlanian abrió una mesa de negociación que se llevó adelante en los días subsiguientes, ámbito en el que participó incluso el Ministro de Hacienda Néstor Grindetti. En dicha instancia se acordó un aumento para más de 1600 trabajadores/as precarizados/as del Ministerio de Desarrollo Social, que fue asimismo refrendado en asamblea por todos/as los/as trabajadores/as.

A pesar de haberse resuelto el conflicto, el GCBA inició acciones legales contra los referentes del reclamo. La acusación recayó en la Fiscalía Sudeste -equipo C- de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires a cargo del fiscal Walter López, quién con una clara intencionalidad política y respondiendo a los mandatos del PRO incurrió en diversas irregularidades procesales que violan el derecho de legalidad y defensa establecidos en la Constitución Nacional.