Télam – Cable de Noticias / 29.08.2016. El Gobierno nacional continúa el análisis del nuevo esquema tarifario para el servicio del gas que propondrá en la Audiencia Pública prevista para el 16 de setiembre, y que se anticipa tendrá un criterio de mayor gradualidad y fruto del consenso con distintos sectores sociales, técnicos y políticos, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que anuló la suba instrumentada en marzo pasado. Así lo planteó hoy el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, quien no descartó que la suba de tarifas de gas para consumos residenciales, que se aplicará luego de las audiencias públicas convocadas para mediados de septiembre, tenga un límite del 300% para los usuarios residenciales, aunque precisó que «todavía se está discutiendo el tope» que se propondrá para el incremento. «Tomamos nota del mensaje que nos dio la Corte Suprema» afirmó hoy el ministro en declaraciones periodísticas al explicar que el fallo lleva al Gobierno a observar «dos pilares, uno es la audiencia pública, y el otro es el criterio de gradualidad. Va a ser un cuadro tarifario más gradual que el que se definió» a fines de marzo. Distintos medios periodísticos dieron cuenta en las últimas horas del posible tope del 300 por ciento que el Gobierno podría disponer a los aumentos de las facturas, aún por debajo del margen del 400 y el 500 por ciento que establecían las resoluciones 99 y 129 del Ministerio de Energía para los usuarios residenciales y comerciales, respectivamente. El Ente Nacional Regulador del Gas convocó para el 16 de septiembre, en La Usina del Arte del barrio porteño de La Boca, a una Audiencia Pública para analizar los componentes de un nuevo cuadro tarifario del gas, para lo cual debe presentar previamente una propuesta que, en boca de los funcionarios, es motivo actual de estudio. La semana pasada, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, ya había anticipado que el Gobierno concurrirá a la audiencia para fijar incrementos en las tarifas domiciliarias del gas con «una propuesta consensuada con los gobernadores, los consumidores y otras fuerzas políticas», y afirmó que los subsidios a la energía «deben ir a los sectores menos favorecidos». A partir de la redefinición de parámetros que comenzó a adoptar el oficialismo tras el fallo, el Gobierno formalizó hoy la conformación del Consejo Consultivo de Políticas Energéticas integrado por los miembros del denominado Grupo de ex-secretarios de Energía como Emilio Apud, Julio César Aráoz, Alberto Devoto, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Daniel Montamat y Raúl Olocco. A través de sus funciones ejercidas «ad honorem», los ex secretarios tendrán la función de brindar opinión sobre el desarrollo e implementación de políticas energéticas, proponer planes de acción y proyectos y propiciar canales de comunicación con distintos sectores de la sociedad «a los efectos de incorporar distintos puntos de vista y generar consensos». En medio del replanteo tarifario, distintos sectores productivos plantearon en las últimas semanas su disconformidad con no haber sido incluidos en el fallo de la Corte en los alcances de la nulidad de los aumentos del gas. Tras el planteo judicial presentado la semana pasada por las entidades que conforman la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), esta mañana hizo lo propio la Confederación General Empresaria (Cgera) al elevar una acción de amparo ante la Justicia federal de San Martín en el que pide detener los aumentos de gas y convocar a las Pymes a las audiencias públicas. «Hoy presentamos un recurso ante la Justicia Federal por las entidades y las empresas vinculadas a Cgera en la Provincia de Buenos Aires porque queremos que se haga la audiencia pública y poder discutir la tarifa hacia las industrias», afirmó Marcelo Fernández, al entender que es «una exageración el tope del 500% porque hay industrias gas dependientes que no pueden pagar». Esta tarde, organizaciones sociales, pymes y sindicatos nucleados en la Convocatoria Económica Social por la Argentina organizaron un encuentro contra lo que calificaron es «la suba desmedida que afecta a pequeñas y medianas empresas» y plantearon su «preocupación» por lo que consideraron es «la demora del Gobierno en dar a conocer su propuesta de cambio tarifario previo a la audiencia». Los expositores avanzaron en la idea de plantear una impugnación o el pedido de prórroga de la Audiencia del 16 de septiembre en el caso de que el oficialismo demore en dar a conocer los criterios propuestos para los nuevos cuadros tarifarios. Entre los participantes del encuentro se destacaban el ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli, el ex canciller y actual legislador del Parlasur Jorge Taiana, el ex diputado por el Partido Solidario Juan Carlos Junio, el secretario general de UTE, Eduardo López, y el titular de la Cgera.