El Gobierno porteño criminaliza a los trabajadores

cdp6-11-14

cdp6-11-14


La UTE llevó su solidaridad a la Asociación Trabajadores del Estado – Consejo Directivo Capital Federal, por el reclamo de la absolución de los compañeros Humberto Rodríguez, Secretario General Adjunto de ATE Capital, y Mariano Skliar, Delegado de Promoción Social de la CABA,  que fueron llevados a juicio por ejercer el legítimo derecho a huelga en  defensa de los intereses de los/as trabajadores/as.

El jueves 6 de noviembre se realizó una conferencia de prensa en las puertas del Juzgado Contravencional Nº10 del Dr. Gabriel Eduardo VEGA. Llevaron su apoyo a los compañeros de ATE Capital el Secretario general de UTE, Eduardo López, y Roberto Pianelli de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyS), el Legislador José Cruz Campagnoli y la Legisladora Paula Penaca.

 

Reproducimos el comunicado de ATE Capital donde se explica cómo el Gobierno porteño pretende resolver los conflictos criminalizando la protesta:

En el marco del conflicto por aumento salarial para los trabajadores contratados bajo locación de servicio que se iniciara en diciembre del 2012 (en aquel diciembre los/as trabajadores/as contratados/as del Ministerio de Desarrollo Social de la CABA estaban cobrando 3000 y 3500 pesos) se acordó con el GCBA en un acta firmada en negociación colectiva solucionar la paupérrima situación y condición económica y laboral, pero la misma fue abiertamente incumplida por los representantes del GCBA.

Tras 9 meses sin respuesta por parte de la paritaria central y la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, los/as trabajadores/as de la Subsecretaría de Promoción Social resolvieron realizar el 1 de agosto del 2013 un paro de 24 hs. con movilización a la sede central del organismo y permanecieron más de 5 horas en asamblea en el hall del edificio.

A partir de esta movilización, el GCBA a través del paritario central José María Orlanian abrió una mesa de negociación que se llevó adelante en los días subsiguientes, ámbito en el que participó incluso el Ministro de Hacienda Nestor Grindetti. En dicha instancia se acordó un aumento para más de 1600 trabajadores/as precarizados/as del Ministerio de Desarrollo Social, que fue asimismo refrendado en asamblea por todos/as los/as trabajadores/as.

A pesar de haberse resuelto el conflicto, el GCBA inició acciones legales contra los referentes del reclamo. La acusación recayó en la Fiscalía Sudeste -equipo C- de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires a cargo del fiscal Walter López, quién con una clara intencionalidad política y respondiendo a los mandatos del PRO incurrió en diversas irregularidades procesales que violan el derecho de legalidad y defensa establecidos en la Constitución Nacional.

Ante la gravedad de estos hechos, al igual que con los episodios de la represión en el Hospital Borda en el contexto del desalojo ilegal ordenado por el GCBA, queda claro que el gobierno de Macri lejos de resolver los conflictos avanza con su política de expulsar, cercenar y criminalizar a los trabajadores y trabajadoras que luchamos como ATE por nuestros derechos, por la defensa y construcción de lo público y por los derechos de los sectores más vulnerados de la Ciudad.

Nos mantendremos movilizados y el día 11 de noviembre estaremos presentes nuevamente en el Juzgado, reafirmando que el ejercicio de los derechos nunca puede ser un delito.