A partir de las vigilias que lxs estudiantxs secundarixs realizan como forma de apoyo al tratamiento de la despenalización del aborto la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional hizo circular un dictamen con normas sesgadas que, como ya lo resolviera el Poder Judicial en relación a la Disposición 495499 del 2008 y al Memorándum 912750 del 2010, conocidos como “Protocolo Antitomas”, contradice derechos constitucionales. En ambos casos, la justicia ordenó al Ministerio de Educación dejar sin efecto esas instrucciones que cercenaban derechos.
En esta ocasión, además, el Gerente Operativo que firma el dictamen, Agustín Lizzi, carece de competencia legal para representar a la Ministra de quien depende en orden jerárquico. Así, su opinión jurídica no proviene de ningún acto administrativo de ninguna autoridad educativa del Ministerio y, por eso, carece de toda validez y entidad legal para dar instrucciones a las autoridades de las escuelas. De esta manera, se intenta que lxs directivxs de escuelas secundarias incurran en una vía administrativa de hecho que está vedada por el ordenamiento jurídico.
Desde la UTE, recordamos además las últimas recomendaciones del Plenario del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y adolescentes ante protestas estudiantiles. Estas establecen que los nombres de lxs estudiantes no deben quedar plasmados en actas de ningún tipo, que lxs directivxs no deben demandas a los adultos responsables el retiro obligatorio de lxs adolescentes y que no debe criminalizarse la protesta ni establecer sanciones que restrinjan el derecho a la participación.