Por Pablo Imen / pedagogo
El conflicto abierto en la Ciudad de Buenos Aires a propósito de las Juntas de Clasificación terminó en un empate: los órganos de gobierno no fueron eliminados como pretendía el macrismo, pero pudieron modificar el Estatuto del Docente con una reforma de inspiración regresiva. La iniciativa del macrismo se fundamenta en la decisión de modernizar, democratizar y hacer más transparentes los dispositivos de regulación de la carrera docente. Cabe dudar de dichas intenciones pues en los últimos cuatro años la red de instituciones ocupadas de resguardar los derechos de ciudadanía fueron gobernadas con ineficiencia, autoritarismo y escasa transparencia.
Podemos repasar el rubro educativo, donde mientras se redujo el presupuesto se incrementó la transferencia de fondos al sector privado. Ese (insuficiente) presupuesto fue, a su vez, escandalosamente subejecutado, lo cual se expresó desde la profundización de problemas de infraestructura hasta el recorte de las becas para los estudiantes. Los conflictos que desataron estas medidas tuvieron como respuesta oficial la denuncia penal contra estudiantes, y la elaboración de listas negras, por ejemplo. Los otros rubros, por donde se mire (salud, vivienda, cultura, seguridad) han atravesado similares desventuras en relación a los derechos de las mayorías y especialmente de los más vulnerables.
Ahora bien, el proyecto del Gobierno de Mauricio Macri no se circunscribe a una medida puntual para vaciar la participación eliminando las Juntas, sino que expresa un modelo político educativo que es preciso explicitar. Para esta derecha tardía, la educación es un bien cuyo valor se expresa a través de la medición de operativos de evaluación de conocimientos disciplinares elaborados por expertos, traducidos por empresas editoriales como manuales, «gestionados» por docentes que los «insertan» en el cerebro de sus alumnos quienes, por su parte, son sometidos al escrutinio público del Ministerio de Educación. En ese esquema, será buen docente quién mejor asegure el proceso formativo de repetidores de contenidos ajenos. Y como tal deberá ser evaluado, es decir: de modo individual y en su calidad de aplicador disciplinado de un paquete pedagógico ajeno. Los docentes, medidos individualmente, serían sometidos a condiciones laborales diferenciadas, según marca la lógica competitiva del mercado con su estela de premios y castigos.
En la perspectiva mercantilista de Esteban Bullrich (ministro de Educación de Macri), el conocimiento funciona como medida de valor y también como dispositivo de regulación de las conductas de docentes y alumnos.
Este modelo pedagógico es enteramente alienado: para los educandos porque se ven compelidos a aprender conocimientos desgajados de sus intereses, necesidades, realidades concretas. Para los educadores, porque su trabajo se circunscribe a ser meros ejecutores de un conocimiento ajeno.
Pedagogía democrática. Desde nuestra perspectiva, la buena educación deberá entenderse como el proceso formativo, contextualizado, pertinente e integral por cual el educando despliega la «soberanía cognitiva» en consonancia con todas sus potencialidades para pensar, hacer, decir y sentir. Se trata de formar sujetos para un proyecto colectivo de presente y de futuro; como ciudadano pleno y como productor libre. En este modelo que estamos imaginando la educación se concibe como un derecho humano, y por tanto la responsabilidad del Estado, de los docentes y de la sociedad ha de concurrir para asegurar la educación de todos y cada uno de nuestras y nuestros habitantes. No hay margen para «malos maestros» y todos los enseñantes deben tener una formación adecuada, condiciones dignas, modos colectivos de funcionamiento y evaluaciones que tengan un sentido pedagógico y no punitivo.
Este horizonte impulsaría una sustantiva modificación en el modo de construir el currículo, en el modo de formar a las y los docentes, en la configuración del trabajo de enseñar y en los mecanismos de evaluación.
El neoliberalismo —a pesar de la insistencia con la que se lo aplica en los países centrales— ha llegado a un punto de inviabilidad histórica. En ese sentido, es posible afirmar que Macri y Bullrich atrasan, proponiendo un proyecto educativo sin futuro. La pregunta es si seremos capaces —la comunidad educativa, las organizaciones populares y los gobiernos democráticos— de construir una alternativa pedagógica liberadora, a tono con los vientos de cambio que recorren Nuestra América.