El Gobierno porteño decidió recortar la formación laboral de personas con discapacidad a partir del próximo año.
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió vacantes para las escuelas de formación laboral y a partir del 2022 solo podrán asistir jóvenes con dispacadidad de hasta 22 años cuando al día de hoy el tope es de 30 años. Frente a este escenario, docentes porteños salen a la calle para reclamar que se de marcha atrás con la medida y señalan que la administración de Horacio Rodríguez Larreta utiliza a las personas con discapacidad solo para las elecciones.
«Cuando hay elecciones siempre quieren tener a una persona con discapacidad porque suma votos pero después las políticas están ausentes. En la Ciudad de Buenos Aires esto se ve con total claridad», denunció esta mañana Angélica Graciano, Secretaria General de UTE, en declaraciones a FM La Patriada. En este sentido, remarcó el recorte del Gobierno porteño contra las personas con discapacidad en múltiples ámbitos.
«Hace años que no se cumple el cupo en ningún ámbito del Estado», enfatizó la docente. Semanas atrás la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires halló una falta de incorporación de personas con capacidades especiales en los empleos dentro del sector público porteño. Según el informe, el estado no cumple con la Ley 1502 que establece que se debe contratar un 5% sobre el total de los trabajadores de planta.
En el escalafón general las personas con capacidades especiales no llegan a representar el 4 % de la planta, y entre los docentes y profesionales no alcanzan el 1 %. Asimismo, precisa que Larreta solo los incorpora en los escalafones con menor formación, responsabilidad, y peores pagos. «Es inaudito pero es parte de las políticas de crueldad del Gobierno de la Ciudad en donde el otro no cuenta», ahondó Graciano.
En el plano educativo, la Secretaria General de UTE denunció que Rodríguez Larreta y la ministra de Educación, Soledad Acuña, «no abren escuelas sino que recortan el acceso a la vacante a alumnos mayores de 20 años, lo que, para estos y sus familias implica cercenar no sólo su educación sino su socialización, su inserción en el mundo del trabajo, y termina con estos chicos en su casa todo el día».
Del mismo modo, señaló que «no hay límite de edad porque cada uno aprende a su ritmo y de la forma en que puede», por lo que el recorte en el tope de edad «no se puede establecer por decreto». Desde el Gobierno capitalino manifestaron que la decisión se respalda en la Resolución Nacional 155. Según Graciano, esta norma no impulsa el recorte sino que, por el contrario, propone «la formación permanente» laborales y pedagógicos de los jóvenes con discapacidad.
«Esta decisión debe ser revertida. Se deben abrir escuelas, no cerrarlas. Dicen que la prioridad es la educación y después en los presupuestos no se ve», concluyó.