«Ante las circunstancias actuales, de permanentes planteos y tomando como se presenta muchas veces el término “el colapso” que atraviesa la educación pública en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene como principal protagonista las políticas públicas de desinversión que impactan en el sistema educativo en su conjunto y que desde el sector de la Educación Especial, venimos denunciado mecanismos de financiación inadecuados e insuficientes, en relación con la inclusión educativa.
Es verdaderamente doloroso asistir cotidianamente a las respuestas que dejan a las infancias, a las juventudes y sus familias, al total desamparo. Dos años consecutivos en los que la modalidad comienza el ciclo lectivo con profundos conflictos que tienen como eje la desinstitucionalización y el vaciamiento. Dos ciclos consecutivos en los que los conceptos de conflictividad que se instalan, son el desalojo, la expulsión y la demolición. Un desalojo que se materializa en la limitación en la edad para el egreso de los jóvenes de las escuelas de educación especial sin proyectos organizados en la formación permanente del adulto con discapacidad, el desalojo de la escuela N° 28 del Palacio Ceci como patrimonio histórico en la conformación de la cultura de la Comunidad Sorda, y la demolición de la sede del CEI 13, son componentes icónicos de 15 años de políticas de desabastecimiento violento de la Educación Pública en general y más específicamente de educación especial. El marketing está a la orden del día y esa es la jugada favorita para quienes esconden un desprecio total y absoluto por el padecimiento de quiénes antes que la escuela fueran ya excluidos de la sociedad. Para traer someramente algunos de los problemas que atañe a la inclusión educativa en intervenciones en perspectiva de derechos. Existen demandas que no pueden ser cubiertas por faltas de recursos y profesionales en educación, al igual que en el área de Salud Mental, para niñxs y jóvenes, en situación de necesidad de atención, como simple ejemplo de un sistema público que se desentiende de lo común- un Estado que tiene sus redes cortadas- Los Hospitales responden que tienen listas de espera interminables y Defensorías dicen no tiene herramientas para resolver las situaciones de vulneración de derechos, por nombrar someramente algunos de los problemas más acuciantes. Un estado sometido a quince años de políticas neoliberales cuyo objetivo es la transferencia al sector privado de aquellos derechos que debieran ser sostenidos como tales y no como bienes mercantilizados, lo que genera profundas exclusiones.
Queremos decir que no es posible pensar en la inclusión, sin preguntarnos sobre los problemas sociales, políticos y económicos, y mucho más sin tener en cuenta sus efectos, la de vivir en una sociedad, que genera y crea condiciones para que haya sujetos para el descarte. Tampoco es posible pensarla sin replantear las condiciones materiales y simbólicas de los espacios en lo que se efectiviza dicha inclusión y frente a la realidad que es la única verdad, es harto evidente que la desinversión es la condición material a los que están sometidos los sistemas públicos educativos de la CABA.»
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