El gobierno atenta nuevamente contra la educación pública, con su proyecto de reorganización en función de las comunas.
En lugar de atender problemas de infraestructura, la falta de maestros, las dificultades en la liquidación de haberes y los grados superpoblados en la zona sur, plantea la adaptación de la actual estructura distrital a las comunas. Siendo una reorganización que afecta a la totalidad del sistema educativo, no consulta a padres, estudiantes ni docentes.
Presenta el tema en distintas reuniones con supervisores, como una mera adecuación geográfica y administrativa, que esconde su intención de desarmar la estructura educativa, dejándola al arbitrio de la dirección comunal. Esto ha generado en las conducciones de todas las áreas, niveles y modalidades, preocupación por la gestión de la educación pública, la continuidad de proyectos educativos en marcha y el posible desmembramiento de lazos entre los distintos sectores de la comunidad educativa.
Cita a la ley de comunas como fundamento de este cambio, cuando la misma no establece taxativamente que el sistema educativo deba ser modificado, ni las condiciones y mecanismos para hacerlo, y plantea que el fin de la descentralización es mejorar la eficiencia y calidad de los servicios.
Resulta sospechosa la premura en plantear el cambio, sin ninguna evidencia de que el mismo redunde en un beneficio para la educación pública de la ciudad, generando, por el contrario, preocupación por la estabilidad laboral de supervisores, directores y docentes.
Sabemos que la actual organización distrital no es caprichosa, sino que tiene una identidad construida a lo largo de la historia, con una lógica basada en características geográficas y culturales de los barrios de la ciudad.
Creemos también que esta propuesta, con su desigual distribución de escuelas en distintas comunas, atenta contra la centralidad del sistema. También podría incrementar la inequidad en la distribución de recursos, lo que afectaría el derecho de todos/as a recibir una educación de calidad.
Entendemos que estas medidas constituyen un nuevo ataque a la educación pública y son una continuidad de la destrucción de las juntas, del cierre de grados y cursos y de los intentos de atar la carrera docente a la evaluación.
Hemos planteado estas cuestiones al Ministerio en distintas instancias, sin tener respuesta satisfactoria.
También acompañamos a los supervisores de distintas áreas a la reunión con legisladores de la oposición, realizada el lunes 16 del corriente. Allí, los vocales de junta de UTE, junto a supervisores, legisladores y asesores expresaron su preocupación y repudio a estas medidas.
Estamos convencidos que la educación pública garantiza la igualdad de oportunidades, permite la interculturalidad y no discrimina en la construcción de ciudadanía.
Por eso rechazamos esta iniciativa ministerial, ya que atenta contra el derecho de nuestros niños/as y jóvenes a una educación de calidad y el derecho de los docentes a la estabilidad laboral.