La modalidad para iniciar el ciclo lectivo 2021 en el centro del debate
Página/12 consultó a docentes, dirigentes sindicales y especialistas sobre los pros y las contras de volver a las clases presenciales cuando la pandemia aun no finalizó.
Con marzo todavía lejos, los contagios en aumento y las vacunas para los docentes cada vez más cerca, el debate sobre la modalidad con la que se llevará a cabo el inicio del ciclo lectivo se volvió inevitable, tanto en la sociedad como dentro de la política. Por eso, el vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli, y el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, fijaron postura sobre el tema. La Ciudad decidió aferrarse a su promesa y sostener que el regreso a clases será en febrero y de manera presencial. En tanto, el jefe de los ministros condicionó la modalidad del regreso a la evolución epidemiológica de la pandemia. Por sur parte, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, destacó que la presencialidad será «el ordenador del sistema educativo» pero también advirtió que el escenario respecto del coronavirus es dinámico. Ante este horizonte, los diferentes actores sociales, políticos y académicos del país debaten sobre las consecuencias sanitarias y pedagógicas de que los chicos y chicas vuelvan al aula. Para profundizar sobre esta discusión, Página/12 conversó con docentes, especialistas y referentes gremiales sobre el escenario que se abre en este nuevo ciclo lectivo.
«Desconfío de cualquiera que tenga respuestas categóricas respecto a este tema. En todos los países se fue probando a partir de ensayo y error, no hay evidencia categórica ni existe consenso científico respecto a cómo circula el virus, y hay muchas variables a tener en cuenta», comienza diciendo el docente secundario y de formación docente, Manuel Becerra. «Nadie está conforme con la escuela remota, ni la familia, ni los chicos, ni los docentes. Los docentes no somos animales de zoom, somos animales de aula. Pedagógicamente, la potencia de la presencialidad es irreemplazable por la virtualidad. Además de que la escuela no es sólo un lugar donde se garantiza el derecho a la Educación, sino que también es un lugar en donde se garantizan otros derechos de niños, niñas y adolescentes. Es un espacio receptor de denuncias de violencia familiar, por ejemplo», desarrolla Becerra, que además de especialista en temas de Educación da clases en Ciudad Buenos Aires. Aunque, finalmente, determina: «Pero frente a una escenario inédito como fue el de la pandemia, la modalidad virtual que se adoptó en el 2020 fue una forma posible, no óptima pero posible».
A pesar del aumento de casos de coronavirus en gran parte del territorio nacional, el ministro Nicolás Trotta aseguró que las políticas restrictivas que puedan adoptar los distintos gobiernos provinciales o municipales «pueden convivir con el inicio de clases presenciales». Si bien se mostró preocupado ante el rebrote, Trotta ratificó que la “presencialidad cuidada” será el “eje ordenador” del ciclo lectivo 2021 . Frente a esta mirada, surgieron opiniones contrapuestas por parte de gremios y organizaciones sociales que reclaman que los niños y niñas vuelvan a clase. «Hay decisiones pedagógicas a tomar y este debate no pudo desarrollarse correctamente porque aparecen discursos muy duros que o sostienen que los gremios y los docentes no queremos volver a las aulas o, por el otro lado, que sostienen que si abrimos las escuelas ponemos en riesgo todo el sistema sanitario. Es posible explorar soluciones intermedias», acota Becerra.
Madres y Padres Organizados por la vuelta a clases
«Cerrar las escuelas durante la pandemia tiene un beneficio epidemiológico muy modesto y un costo social muy alto. El riesgo no es cero, pero sabemos por las experiencias en otros países que las escuelas con protocolos han sido lugares más seguros frente al Covid que otros espacios, como bares o gimnasios, que ya están abiertos en la Argentina. Las prioridades están dadas vuelta», sostiene Victoria Baratta, doctora en Historia, investigadora del Conicet, docente y una de las organizadoras de «Padres Organizados», una organización que nació en agosto del año pasado con el objetivo reclamarle al gobierno que habilitase el regreso de los chicos y chicas a las aulas. Baratta enumera datos con rapidez y furia, como si quisiera adelantarse a las críticas y recriminaciones que usualmente recibe en las redes sociales.
Los argumentados esgrimidos – «todo tiene un fundamento científico», advierte ella – parten de la premisa de que, como el coronavirus no es especialmente letal en les niñes y el impacto de la trasmisión comunitaria del virus una vez que se abren las escuelas es muy bajo (basándose, supuestamente, en lo que pasó en los países europeos), el costo social de tener las escuelas cerradas es demasiado alto. Las consecuencias negativas de la falta de presencialidad que Baratta enumera son, en resumidas cuentas, las siguientes: acentúa las brechas educativas ya existentes, así como el el ciclo intergeneracional de la pobreza, ya que un gran porcentaje de niñes en Argentina no tiene acceso a computadoras y conectividad; implica un severo déficit de aprendizaje, llegando a la pérdida de habilidades adquiridas, incluso para aquellos y aquellas que tienen garantizada la virtualidad; aumenta la brecha laboral de género, en el caso de las madres; genera graves problemas en la salud mental y física, en el caso de les niñes. Y, por último, destaca que cerca de un millón y medio de alumnos y alumnas abandonaron la escuela durante la pandemia.
«Los costos son demasiado altos. La Educación tiene que ser esencial, los docentes tenemos que ser trabajadores esenciales. Que los docentes de riesgo tomen licencia, pero que el resto de nosotros trabajemos como esenciales, como la cajera del supermercado o el taxista», reclama Baratta.
Sindicatos docentes
«Es prematuro hablar de presencialidad, más aún teniendo en cuenta el fracaso de la experiencia de escuelas burbujas escolares que se organizaron en la Ciudad a partir de octubre», indicó Eduardo López, secretario adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y dirigente de Ctera. «Es apresurado sostener que estamos en condiciones de volver a la presencialidad. En primer lugar porque siguen aumentando los casos y la situación sanitaria nos preocupa. Y, en segundo lugar, porque falta la inversión necesaria en obras de infraestructura, falta personal docente y de limpieza, faltan elementos de higiene», coincidió, por su parte, la secretaria general de Ademys, Mariana Scayola.
«Hace meses que venimos trabajando en una serie de protocolos junto al gobierno nacional y de la Provincia de Buenos Aires, ya hubo un retorno a la presencialidad en varios distritos que tenían las condiciones sanitarias garantizadas. Hubo también varias acciones presenciales que tuvieron que ver con la entrega de bolsones y cuadernillos, así como programas de acompañamiento. Nosotros queremos volver a la presencialidad, pero se deberá hacer de manera gradual y de acuerdo a lo que establezca la política sanitaria de Nación y Provincia», medió, por otro lado, la secretaria adjunta de SUTEBA, Silvia Almazan.
La postura de los sindicatos docentes frente a la presencialidad es más dura. Si bien coinciden en la necesidad pedagógica, psicológica y social de que sus alumnos y alumnas vuelvan a las aulas, los gremios aseguran que, de no darse las condiciones epidemiológicas necesarias, no acompañarán un regreso a las aulas que pudiera poner en riesgo la salud de les trabajadores, niñes y adolescentes. «Los gobiernos prefieren resolver el problema de la presencialidad a resolver el verdadero problema que es el de la conectividad. Acá hay un tema de inversión educativa, un millón de chicos perdieron contacto con la escuela y, frente a esto, vos tenés dos soluciones: que vayan a la escuela y se contagien o proveerlos de computadoras y conectividad. Cuesta menos poner una sombrilla que darle computadoras a los pibes», disparó López.
Por otra parte, los sindicatos deben también combatir aquellos discursos que sostienen que fue por culpa de ellos que los chicos y chicas no pudieron volver a clase en el 2020. «Es injusto. La responsabilidad de garantizar las condiciones para que vuelva a haber clases es del gobierno, no es de los sindicatos», argumentó Scayola. Sin embargo, a pesar de la firme postura de que no volverán a menos que haya una nula o baja circulación comunitaria del virus, los sindicatos piden esperar a ver que sucede en las próximas semanas. «El 8 de febrero volvemos a las escuelas y esa misma semana comenzaremos con las asambleas para decidir qué hacer», finalizó Scayola.