La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) presentó un amparo para solicitar la suspensión de la obligatoriedad de impartir clases en forma presencial para una docente mayor de 60 años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Juzgado en 1ra Instancia en lo Contenciosos Administrativo y Tributario, a cargo de la Doctora Elena Liberatori, ordenó que se “suspenda la obligación de impartir clases de modo presencial”, en el caso de una docente mayor de 60 años, que por su edad entra dentro de lo que se considera grupo de riesgo para la pandemia de Covid-19.
Desde la UTE, fundamentaron que “la obligación de asistir de forma presencial a mayores de 60 años, sin contar aún con la correspondiente vacuna y en el contexto epidemiológico actual, luce prima facie, en este estado larval del proceso, como irrazonable a partir del marco normativo nacional”.
La resolución de darle lugar al amparo interpuesto se dio a conocer por las redes sociales del sindicato docente durante un primer día de clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, atravesado por la disconformidad generalizada.
El fallo judicial podría convertirse en un caso testigo que marque el camino de lo que pueda ocurrir en el futuro cercano con el universo docentes de mayores de 60 años.
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