El Ministerio de Educación de la Ciudad dio a conocer, a través de los medios, su intención de modificar el régimen de Capacitación de los docentes de las escuelas públicas. Esta reforma, que altera nuestro convenio colectivo de trabajo, el Estatuto del Docente, se pretende llevar adelante sin ningún diálogo con los trabajadores de la educación. De hecho, los docentes no conocemos el texto del decreto más que por la información mediática y conversaciones informales con algunos funcionarios de la cartera educativa en las que expresamos nuestro profundo desacuerdo.
El eje técnico del proyecto sería la caducidad de las certificaciones de los cursos de actualización después de cinco años de realizados y la preeminencia de la capacitación on line sobre la presencial. Esto demuestra que el Gobierno tiene una concepción anticuada de la capacitación que supone al docente como mero receptor de conocimientos de especialistas adquiridos fuera de la cotidianidad de la escuela. Por el contrario, hay una amplia coincidencia en que la formación con más impacto sobre la enseñanza es aquella que parte de la problemática escolar y se realiza dentro de la institución y en servicio. La propuesta del gobierno no se interesa por la actualización docente sino por concretar un gran negocio para instituciones educativas y ONG’s de dudoso origen y capacidad académica. A la vez que desconoce que el trabajo docente es de por sí generador de conocimientos.
Una vez más, el macrismo pone las necesidades de lo público al servicio del mercado. Un mercado formado por empresas y asociaciones civiles que pertenecen a los mismos funcionarios del gobierno. Sin ir más lejos, el actual Director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, Gabriel Sanchez Zinny, es el fundador de la Compañía Kuepa, transnacional dedicada a capacitación docente.
Por esto desde la UTE rechazamos absolutamente cualquier intento de modificar por decreto y de forma unilateral nuestras condiciones laborales. Exigimos la inmediata convocatoria al diálogo con las organizaciones sindicales y la apertura de la discusión en las escuelas. Al mismo tiempo, reafirmamos nuestro compromiso con una política de actualización permanente pública, gratuita, en servicio y la implementación del año para perfeccionamiento (Artículo 70 “l”, Estatuto del Docente).