Vigilar y castigar. Ésta ha sido a lo largo de una década y media la metodología elegida por el Gobierno porteño para controlar la actividad docente e implementar medidas disciplinarias. En un nuevo capítulo de esta escalada, el Ejecutivo instaló cámaras en un aula de séptimo grado de la Escuela Primaria Nº 17 D.E. 8, ubicada en el barrio de Parque Chacabuco. Esta iniciativa fue rápidamente frenada por la comunidad educativa.
“No se puede vulnerar la privacidad de estudiantes, docentes y del acto pedagógico, que no debe por qué estar grabado durante su realización”, explicó a El Grito del Sur Pablo Francisco, secretario de CyMAT (Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo) en UTE.
La iniciativa del Ejecutivo porteño no es aislada. Dos semanas atrás, trabajadores y trabajadoras de la Escuela Técnica Hicken denunciaron la pretensión del GCBA de instalar cámaras dentro de tres aulas de este edificio, ubicado en pleno barrio de Palermo. Las y los docentes iniciaron quejas frente a la directora de la institución, quien habría firmado un acta bajo presión y la promesa de que las cámaras no iban a prenderse de día durante la cursada.
Pablo Francisco va más allá con este tema: «A principio de año se hizo pública una resolución del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, la cual dispone la colocación de cámaras de seguridad en un listado de 150 escuelas. Eso se haría en coordinación con el Ministerio de Seguridad porteño bajo el pretexto de evitar el robo de las netbooks escolares», puntualizó.
En un contexto de ajuste presupuestario y problemas edilicios de suma importancia, muchos establecimientos educativos no cuentan con gabinetes para guardar computadoras. Al no existir estos lugares específicos, en muchos casos las netbooks quedan estacionadas en aulas o bibliotecas. De esta forma, la instalación de cámaras en dichos espacios permitiría filmar a estudiantes y docentes durante las clases.
«No se puede vulnerar la privacidad de estudiantes, docentes y del acto pedagógico, que no debe por qué estar grabado durante su realización. Ahora logramos frenar la instalación de la cámara en la Escuela Técnica Hicken y también en la Escuela 17 DE 8 en Parque Chacabuco. Estamos atentos para saber en qué escuelas quieren colocar estas cámaras. De ninguna manera pueden ser el aula o espacios donde haya una acción pedagógica constante”, aseguró Pablo Francisco.
Una vieja obsesión Pro
En el año 2011, la jueza Elena Liberatori consideró -a partir de un recurso de amparo presentado por madres y padres de alumnos junto al gremio UTE- que la colocación de cámaras de seguridad dentro de edificios escolares violaba el derecho a la intimidad de las y los estudiantes. Algo similar sucedió en 2017. En ese entonces, el oficialismo argumentaba que su objetivo nunca fue instalar cámaras en el interior de los colegios, sino apuntarlas hacia fuera y hacerlas funcionar fuera del horario de clases. Ahora, parece, el ensañamiento es mucho mayor.
«Desde la UTE estamos exigiendo renovación de los cargos de caseros y caseras en las escuelas porque, una vez que se jubilan, no se están renovando esos cargos. También pedimos que haya serenos, dado que existirían menos posibilidades de que las escuelas sufran robos», concluyó Pablo Francisco.
fuente: El grito del sur