28.08.2012. El ministro de Educación porteño deberá concurrir a una audiencia en Tribunales para argumentar las razones que lo llevaron a crear una línea telefónica para denunciar actividad política en las escuelas.
El 0-800-BUCHON tendrá ahora su capítulo judicial. Su creador, el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, deberá comparecer mañana ante la Justicia de la Ciudad para explicar los fundamentos y mostrar los papeles del acto administrativo a través del cual el gobierno de Mauricio Macri implementó la línea telefónica gratuita dispuesta para denunciar “actividad política” en las escuelas que dependen de su cartera. A la audiencia convocada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Nº 3 –interinamente a cargo de la jueza Patricia López Vergara– también fueron citados el procurador general de la Ciudad, Julio Conte Grand; la titular del Ministerio Público Tutelar, Laura Musa, y el propio abogado denunciante, Roberto Boico, que interpuso un recurso de amparo como padre de un alumno.
“He decidido convocar a las partes involucradas antes de tomar una determinación. Aunque la prioridad es abrir una instancia de diálogo donde los distintos actores pueden reflexionar, sin dejar de lado sus convicciones, y reconocer errores o posturas determinadas que se consiguen a través del diálogo. No me ha ido tan mal con esta posición”, sostuvo la jueza López Vergara ante Página/12. La magistrada tiene motivos para abrigar esperanzas: dispuso abrir una instancia de diálogo entre las partes –incluida el reticente Gobierno de la Ciudad– que posibilitó destrabar el conflicto que paralizó los subtes por diez días, medió en la disputa de la Ciudad con los vendedores ambulantes y logró que Macri acepte retirar los fondos que la Nación depositó como subsidio para el funcionamientos de los subterráneos y el Premetro (ver aparte).
La cita de la audiencia es para el miércoles al mediodía en la sede del juzgado. Allí, Bullrich tendrá que explicar ante todas las partes involucradas los fundamentos que lo llevaron a habilitar un 0-800 para denunciar “la actividad política” en los colegios porteños, así como los actos administrativos que posibilitaron su rapidísima implementación.
A su lado estará el procurador Conte Grand, designado por el Ejecutivo porteño para representar a la Ciudad en defensa de sus intereses en diferentes litigios, aunque como órgano de control también debe expedirse sobre la validez de sus actos administrativos. Del otro lado estarán la titular del Ministerio Público Tutelar, Musa, encargada de preservar “el respeto, la protección y la satisfacción y garantías de los niños, niñas y adolescentes”, y el abogado denunciante.
Boico propone la “declaración de inconstitucionalidad” de la norma a través de la cual el gobierno porteño dispuso la instalación de la línea telefónica y el “cese de la persecución política a jóvenes militantes”. El denunciante también solicitó que se comunique a la Legislatura porteña a fin de “evaluar la iniciativa de juicio político por mal desempeño de las funciones contra el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y su ministro de Educación, Esteban Bullrich”.
“El Gobierno de la Ciudad está desconociendo en forma absoluta las normas constitucionales e internacionales de derechos humanos que protegen la libertad de expresión y la libre divulgación de las ideas políticas”, acusó el abogado constitucionalista en los fundamentos del escrito que elevó a la Justicia porteña. Allí, Boico también remarcó que se “ha montado un escenario mediático en el cual presentan la medida como neutralizadora de supuestas utilizaciones de fondos públicos para el adoctrinamiento de los niños, cuando en realidad encubre un desprecio evidente sobre la actividad de nuestros jóvenes”.
En el escrito, Boico argumenta que la línea telefónica “procura fomentar un sistema de alcahuetería, chismorrería o soplonería dirigido hacia jóvenes o niños que estuvieran divulgando, propagando o disertando acerca de ideas políticas, lo que equivale a decir que el gobierno porteño interpreta a la actividad política como delictiva”.
En el mismo sentido se pronunció ayer la Asociación Argentina de Actores en un comunicado que consideró el 0-800 como “un claro intento de control sobre las actividades políticas de los jóvenes, cuando la participación y la difusión de ideas son derechos avalados por nuestra Constitución”. En tanto, el gremio docente UTE-Ctera realizará hoy una charla debate bajo la consigna “inmediato retiro” del 0-800, de la que participarán la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y el titular de la CTA y dirigente docente, Hugo Yasky.