El fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la presencialidad educativa, que le dio la razón al gobierno porteño, generó un gran malestar tanto entre los docentes como entre las familias agrupadas en defensa de las clases virtuales.
Angélica Graciano, secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera), remarcó que continuarán con las medidas de fuerza. “Vamos a proponer sostener el paro docente contra este fallo de la Corte. Ya llevamos doce días de paro contra esta presencialidad. Para educar y educarse hay que seguir vivos”, destacó. “Nuestra propuesta es continuar con las medidas de fuerza. No está en riesgo la continuidad pedagógica, está en riesgo la salud de la docencia”, explicó Graciano y agregó: “Lo que se debería estar analizando es la política sanitaria. Las muertes que vengan tendrán responsables”.
El comunicado del gremio docente más representativo de la Ciudad consideró que “el martes 4 de mayo de 2021 será recordado como el día en que, mientras quedan apenas 81 camas de terapia intensiva en toda la Ciudad de Buenos Aires, la Corte Suprema de Justicia decidió que la salud de la comunidad vale menos que la campaña política de Horacio Rodríguez Larreta“. Y agregó que el fallo de la Corte “no es una medida a favor de la presencialidad. Es un atentado contra del dispositivo sanitario del Gobierno nacional que, a la luz de los contagios que genera circulación, dispuso medidas sanitarias para reducir los casos”.
Por otra parte, el comunicado subraya que mientras “los jueces firmaron este fallo miserable, sentados en la comodidad de sus hogares, porque tienen miedo de contagiarse, dispusieron que miles y miles de niñas, niños, adolescentes, familias y trabajadores de la educación vuelvan a amontonarse en subtes y colectivos para cumplir el capricho del Jefe de Gobierno y sus ministros Soledad Acuña y Fernán Quirós”.
Así las cosas, la Unión de Trabajadores de la Educación “seguirá luchando junto a las familias que a lo largo de estos días demostraron que no le temen a los aprietes y las amenazas de los funcionarios que piden los listados de las y los docentes que dan clases de manera sincrónica y a través de plataformas virtuales, y también de las y los estudiantes cuyas familias consideran que la mejor opción para preservar la salud de la comunidad es respetar las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno nacional hasta el 21 de mayo.
“Estos mismos jueces habían dicho hace un año que no podían decidir por sobre las autoridades sanitarias”.
Eduardo López. secretario adjunto de UTE-Ctera.
Ademys es otro de los sindicatos que más docentes nuclea. El secretario adjunto, Jorge Adaro, atribuyó al fallo de la Corte Suprema de Justicia una “subordinación” a una política educativa “criminal” y “extorsiva” impulsada por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Adaro insistió con la necesidad de mantener las clases virtuales y adelantó que “el jueves habrá una nueva acción de paro”, acompañada de “una caravana” que irá a la Jefatura de la Ciudad de Buenos Aires”.
También las familias que hace meses bregan por clases virtuales manifestaron su oposición. María Laura, del colectivo Retorno Seguro a las Escuelas, destacó en la página armada por los padres: “Nosotros exigimos para nuestros hijos la eximición de la presencialidad ya en marzo. Vamos a seguir igual. La verdad es que a un gobierno que hace uso y abuso de todo tipo de artimañas para salirse con la suya se le responde de la misma manera. Es una salida práctica y legal a este problema en el que nos meten”.
“Hasta que mejoren los indicadores sanitarios decidimos que nuestro hijo siga participando solo de las actividades virtuales”.
Romina Ara, madre del colectivo Por un retorno seguro.
Romina Ara, del mismo colectivo, también compartió su postura: “Consideramos que no están dadas las condiciones epidemiológicas. Y hasta que mejoren los indicadores sanitarios decidimos que siga participando únicamente de las actividades en forma virtual. Veremos cómo se resuelve administrativamente y, en caso de ser necesario, tomaremos las acciones judiciales necesarias para hacer valer el derecho de nuestra hija a la educación y a la salud en forma integral”.