Viernes 26 de septiembre de 2014 | 5:00 PM
Por Eduardo López, secretario general de UTE-CTERA.
Se acerca el momento en que las familias deciden la escolaridad de sus hijos e hijas para el año entrante y en la ciudad de Buenos Aires, por pura invención del gobierno de Macri, este hecho, que debería ser el inicio esperado de una relación social y pedagógica, huele en cambio a caos administrativo, a incertidumbre y contrariedad. El macrismo ya generó la confusión y el desaliento para que, aquellos que eligen la escuela pública, sientan que su decisión debe superar los escollos burocráticos del sistema de inscripción.
Por supuesto, el problema no es el carácter “en línea” de la inscripción. Lo que advertimos desde un primer momento los docentes era que el modelo implementado por el ministro Bullrich quebraba el vínculo socioeducativo familia-escuela y ponía en manos de “ingresadores de datos” decisiones que sólo pueden tomarse desde la autoridad pedagógica. Por eso, los docentes, las familias, los estudiantes y la comunidad en general movilizada para garantizar el acceso a la educación pública, afirmamos que es sencillo y estamos a tiempo de evitar problemas con la inscripción 2015: basta con poner la decisión de la asignación de vacantes en ese espacio de diálogo y acuerdo entre las supervisiones escolares, las direcciones de escuela y las familias. Los supervisores y directivos junto a los adultos responsables de los estudiantes son quienes deben tener la autoridad pedagógica más allá de que los datos sean ingresados en tinta y papel y de manera digital.
Más allá de la animadversión del Jefe de Gobierno porteño a la educación y a lo público en general cuando esto no está en estricto beneficio de algún negocio privado, hay dos motivos por los cuales debería replantear el sistema de inscripción. Uno es la imposibilidad de vender su imagen de gestor eficiente si no logra cosas tan elementales como dos hermanos vayan a la misma escuela o que una familia no deba ir a una escuela cruzando la ciudad mientras tiene otra frente a su casa. El segundo, aunque primero es importancia, es que la Constitución de la Ciudad lo obliga a garantizar el derecho a la educación pública a partir de los 45 días si las familias optan por el sistema de gestión estatal.
Está claro que para que ese derecho no sea papel escrito, no alcanza con el sistema de inscripción elegido y el respeto por la autoridad pedagógica. Hace falta el urgente aumento del presupuesto educativo porteño que avale la construcción de escuelas, jardines maternales y de infantes para proteger positivamente ese derecho.