Este día internacional, rinde homenaje a la Promulgación de la Ley 9.143, conocida como Ley Palacios, primera norma legal Argentina promulgada en América contra la prostitución de mujeres y niñas aprobada en el año 1913, primera ley que protegía a las víctimas de explotación sexual y penalizaba a los responsables, la cual significó un gran avance en Derechos Humanos del país.
Cada 23 de septiembre, se evoca este día que fue instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999.
Con el correr del tiempo, en nuestro país, se amplía la legislación vigente, promulgando en el año 2008 la ley 26.364/08 para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, considerando a la trata como un delito federal. Luego en el año 2012, el alcance de esta norma se extiende a través de la Ley 26.842, ampliando de esta forma la legislación vigente e incorporando profundas modificaciones tanto en el delito de trata a través de penas más severas como en aquellos otros casos que atenten contra la integridad sexual y la libertad personal.
La explotación sexual y la trata de mujeres aún persisten en pleno siglo XXI, sigue siendo un problema mundial y constituye una clara violación de los Derechos Humanos, atentando contra la dignidad, la libertad y la integridad de quienes la padecen, considerada como la forma más extrema de violencia de género.
El desempleo y la pobreza acrecientan la vulnerabilidad ante este delito, ya que las principales víctimas son mujeres, niñas y niños de sectores populares, los cuales son captados mediante el engaño generalmente a partir de ofertas laborales.
Urge articular esfuerzos por parte de los Estados y coordinar acciones nacionales y regionales generando medidas y mecanismos normativos e institucionales para prevenirla, sancionarla y de protección para sus víctimas, políticas preventivas de asistencia y acompañamiento con un enfoque de género, como también se torna fundamental la denuncia y la persecución penal de estas prácticas abusivas, que suponen ser el tercer negocio ilegal más lucrativo del mundo, luego de las armas y las drogas.
Desde CTERA, exigimos la plena vigencia de la Ley 26.842/12 como así también el acompañamiento a las víctimas en el marco de los DDHH.
Buenos Aires, lunes 23 de septiembre de 2019.
Sonia Alesso
Secretaria General
Roxana Rogalski
Secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades