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Las comunidades educativas de la Ciudad  volvieron a rechazar el Operativo Aprender de este año 2017. Los estudiantes y las familias de la capital tuvieron una participación dispar, tanto en escuelas primarias como secundarias, para la medición de conocimientos realizada por el Ministerio de Educación. Mediciones que, además, contienen preguntas que estigmatizan a los estudiantes, como por ejemplo aquella sobre cuántas veces los chicos “roban”.

Los docentes siempre estamos a favor de evaluar las prácticas educativas. Queremos una evaluación participativa, formativa y contextualizada. Lo que no queremos es una medición cuyo resultado ya está puesto de antemano, y solo servirá para recortar el derecho a la educación. Con estas pruebas el gobierno sólo busca construir una operación de marketing mientras entrega sistemáticamente el sistema educativo a las empresas privadas.

Las familias porteñas ya se habían expresado el año pasado en contra del operativo porque se trata de una evaluación externa que no la toman los maestros y  profesores del grado o curso, sino que el gobierno envía aplicadores contratados. Por otra parte, no tiene en cuenta las particularidades de cada estudiante, del grado, de la escuela, y del contexto social y cultural al que pertenece. A esto se suma que está basado en los intereses de organismos empresarios y de crédito internacionales que son quienes deciden los contenidos a evaluar y así  pretenden entrenar a las/os estudiantes en torno a los temas que son objeto de examen, y no algo que se construye colectivamente entre los actores del ámbito escolar.

De esta manera la medición realizada hoy, al igual que en 2016, no reúne las condiciones necesarias para la elaboración de un estudio estadístico. Los docentes continuamos reclamando la convocatoria a la Comisión de Calidad Educativa establecida en la Ley Nacional de Educación para elaborar junto al Consejo Federal, las Universidades, los pedagogos y la comunidad educativa nacional una evaluación integral del sistema que nos permita avanzar en mejores condiciones para ejercer el derecho social a la educación.

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