“Operativo Enseñar”: La acreditación encubierta de los Institutos Superiores

CTERA alerta sobre el operativo “Autoevaluación de los Institutos de Formación Docente”

A finales del mes de setiembre del corriente año han llegado a las Instituciones de Educación Superior de las distintas jurisdicciones una serie de documentos e instructivos para llevar adelante lo que el Ministerio de Educación, a través de su Secretaria de Evaluación Educativa, ha dado en llamar la “Autoevaluación  de los Institutos de Formación Docente”.

Al respecto, desde CTERA advertimos que se trata una nueva operación con la intencionalidad de generar las condiciones para la reedición de los procesos de acreditación de los Institutos Superiores, tal como sucedió en los años ´90 durante la implementación  de la Ley Federal. Asimismo, este operativo echa por tierra los sentidos  y significados  de la idea de “autoevaluación  institucional”,  tal como  se había  construido  en los últimos años desde la perspectiva  del derecho social a la educación  superior, tergiversando,  a su vez, las definiciones  que al respecto se habían tomado como políticas públicas que incluían las perspectivas  de la docencia y de las organizaciones  sindicales sobre la relación entre la formación docente y los procesos de evaluación.

Esta “autoevaluación”  que se inicia el próximo  20 de octubre  en todo el país a través de una “carga de datos”,  está  enmarcada  en  el  “Operativo  Enseñar”  como  una  línea  propia  dentro  de  las  acciones  de  la Secretaría  de  Evaluación  Educativa,  y  es  el  resultado  de  una  política  educativa  que  claramente  se  ha centrado en la evaluación  como una política en sí misma y no como un elemento más a tener en cuenta dentro de la complejidad y multidimensionalidad de los procesos pedagógicos.

Resulta totalmente falaz la afirmación de las actuales autoridades respecto a que este operativo trata de dar continuidad a lo que se venía haciendo en materia de autoevaluación institucional. Principalmente,  porque ya  no  es  desde  el  INFoD  que  se  planifica  la  autoevaluación  institucional  en  relación  a  las  políticas  de formación docente; por el contrario, ahora los instrumentos de recolección de análisis se construyen desde una Secretaría  de Evaluación  que fue creada  ad hoc, y a los efectos  de justificar  todo el mecanismo  de evaluación-control  que se está llevando a cabo desde la política oficial. Desde la llegada al gobierno de la Alianza  Cambiemos,  los respectivos  instrumentos  de análisis  han sido definidos  arbitrariamente  por esta Secretaría  de  Evaluación  Educativa,  y  los  mismos  quedan  por  fuera  del  INFoD  y  desvinculados  de  una verdadera política de fortalecimiento de los Institutos. Estos procesos no han sido acordados ni en la Mesas Federales, ni en mesas especiales con delegados de las provincias, ni en el marco del Consejo Consultivo – donde  los  Sindicatos  Docentes  nacionales  tenían  plena  participación-,  tampoco  en  la  mesa  técnica  de formación docente en el ámbito de la paritaria nacional docente, tal como sucedía hasta el año 2015.

Este nuevo  operativo  utiliza  como  maquillaje  discursivo  la presentación  conceptual  de la autoevaluación institucional como un “proceso sistemático, integral, situado, participativo y democrático”, para enmascarar el objetivo de fondo que es ni más ni menos que relevar información que pueda ser utilizada a los efectos de justificar la profundización  del ajuste que ya se viene realizado en la Formación Docente. Recordamos que los recursos del presupuesto 2019 destinados a la formación docente han decrecido en un 36,3% y desde el año  2015  el INFoD  cuenta  con  un 65%  menos  de presupuesto.  A esta  desinversión  hay  que  sumarle  el desmantelamiento   de  importantes   áreas   del  INFoD,   el  cierre   de  postítulos,   la  caída   de  las  becas, discontinuidad de planes de mejoras, el cierre de carreras e institutos provinciales, entre otros.

En dicho contexto,  hoy se presenta  este operativo  de “carga  de datos” donde los directivos,  docentes  y estudiantes quedan relegados al lugar de “informantes claves” sin haber participado en ninguna instancia de deliberación,    debate   y/o   reflexión   sobre   la   construcción    de   los   indicadores    necesarios    para   el fortalecimiento de los ISFD.

El propio documento  de la Secretaría  de Evaluación  expresa que para llegar al “Taller de Autoevaluación institucional”  existe  un proceso  previo  que  requiere  de la recopilación  de  información  brindada  por  los actores   del   Instituto.   Con   este   fundamento   se   realiza   una   encuesta   a   estudiantes,   docentes   y rectores/directores   que  abarca  múltiples  dimensiones  de  la  institución,  que  debe  ser  informado  a  la Secretaría de Evaluación a través de formularios web y/o impresos. Es decir que se está llevando adelante una   evaluación   externa   disfrazada   y   presentada   como   una   supuesta   “autoevaluación   institucional participativa”.

Ninguna  propuesta  verdadera  de autoevaluación  puede basarse en la utilización  de instrumentos  únicos, estandarizados y homogéneos para recabar información, porque, sencillamente,  este tipo instrumentos no permiten captar las particularidades  de cada una de ellas que es lo que constituye el objetivo principal de una autoevaluación propiamente dicha.

El hecho de que sea el gobierno central el que recoge y analiza la información genera sospechas acerca de la utilización   de   dicha   información   en   contextos   signados   por   el   avance   de   las   políticas   de   ajuste, mercantilización  y privatización  de la educación.  Cuando  el objetivo  es recoger  la misma información  en todas  las instituciones  y a partir  de ella realizar  una sistematización  estadística,  se está más cerca  de la “rendición de cuentas” que de una auténtica autoevaluación institucional.

Tal como venimos sosteniendo desde nuestra organización sindical, un auténtico proceso de autoevaluación institucional  participativa  se inscribe en procesos  formativos  colectivos  y no puede quedar reducido  a un instrumentos de consulta y recolección de datos. No se puede confundir participación con mera consulta. La información en un proceso autoevaluación institucional constituye un instrumento para mirar, reflexionar y actuar institucionalmente y no, tal como es presentada hoy, como elemento estructurador de la propuesta.

También advertimos que el documento menciona como países “modelo” a Perú, Ecuador, Chile y México. Estos países son justamente los que vienen avanzando fuertemente  en la concepción de evaluación como “rendición de cuentas”, el pago a los docentes por mérito-desempeño, el conocimiento como mercancía y la privatización  educativa.  En el mismo  sentido,  estos  son los países  modelo  en los que se ha instalado  la realización de rankings institucionales bajo el supuesto de que la competencia institucional produce mejora.

Por  lo planteado,  desde  CTERA  sostenemos  que  los  procesos  de mejora  de los  Institutos  Superiores  de Formación  Docente  se  tienen  que  sostener  a  partir  del  incremento  de  la  inversión  en  el  presupuesto educativo,  en  la  verdadera  democratización  del  nivel  y  en  la  garantía  efectiva  del  derecho  social  a  la educación  superior  y  no  en  la  mera  aplicación  de  instrumentos  de  recolección  de  datos  destinados  a

reimplantar en nuestro país los procesos de acreditación y el consecuente ajuste del Nivel Superior.

 

 

 

 

Buenos Aires, 10 de Octubre de 2018