Actualmente en la Argentina existe un Protocolo de interrupción voluntaria del embarazo que no está penada por la ley de acuerdo a algunas causales como el peligro para la vida, el peligro para la salud y la violación. El tratamiento de una ley de aborto no punible supone que la ley pueda dar cobertura a una realidad ya existente que se cobra la vida de muchas mujeres, fundamentalmente de las más humildes.

El aborto realizado en condiciones inseguras puede afectar la vida y la salud

física, emocional y social de las mujeres y de su entorno cercano. La muerte de mujeres por abortos clandestinos representa el 17% de las muertes maternas, la primera causa de muerte materna desde 1980 en la Argentina. En

En Uruguay, desde la legalización del aborto, el porcentaje de muertes por esta causa descendió de 37% a 8%.

Desde un gremio con población mayoritariamente femenina (87%) es importante acompañar este debate que amplía el derecho de las mujeres a decidir, que defiende la vida de muchísimas mujeres y que les permite ser soberanas de su cuerpo.

A su vez, es fundamental exigir al Estado la implementación de la ley  de Educación Sexual Integral, tanto a nivel nacional como jurisdiccional, así como la distribución gratuita de anticonceptivos femeninos y masculinos, de modo de abordar esta problemática con un conjunto de políticas de protección de las mujeres y de igualdad de géneros.

Educación sexual integral para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.

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